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Al menos seis defensoras de los derechos de las mujeres fueron arrestadas y luego liberadas este lunes en Nicaragua, sin que las autoridades brindaran información sobre el caso en medio de la grave crisis sociopolítica, denunciaron diferentes grupos opositores.
Las feministas Mirna Blandón, Tamara Dávila, Neyma Hernández, Amelia Urbina, Dorys Hernández y Guisella Elizabeth Ortega fueron arrestadas mientras pegaban carteles en las calles que mostraban rechazo al presidente Daniel Ortega, según información de la oposición.
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Las mujeres estuvieron varias horas detenidas en dos cárceles de Managua, una de las cuales ha sido denunciada como centro de torturas, en las que los policías las sometieron a interrogatorios que redundaban en pedirles sus nombres y números de identidad, sin someterlas a golpes, afirmó una de ellas.
"Nos pusieron el uniforme azul (de 'reo político')... esto es intimidación, no hayan cómo detener a un pueblo que está decidido por su libertad", dijo Dávila a periodistas tras ser liberada.
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Los arrestos fueron repudiados por defensores de los derechos humanos y movimientos opositores, que señalaron la acción policial como "secuestros", y los atribuyeron a la "represión" del Gobierno del presidente Daniel Ortega.
Durante toda la mañana el Colectivo de Derechos Humanos "Nicaragua Nunca +" llamó de manera "urgente a la sociedad nicaragüense y a la comunidad internacional para demandar la libertad inmediata de las defensoras de los derechos humanos".
Las autoridades policiales habían negado la detención de cuatro de ellas, Blandón, Dávila, Dorys y Neyma Hernández, pese a que los denunciantes sostenían que se encontraban en prisión.
"A estas líderes la dictadura les teme y por eso las secuestra y encarcela. Libertad para ellas y todos los presos políticos", dijo temprano el director ejecutivo de la opositora Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, Juan Sebastián Chamorro.
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El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) advirtió de un "recrudecimiento del hostigamiento y la persecución contra los ciudadanos opositores en Nicaragua, con una marcada tendencia del régimen a violentar el derecho constitucional de la libre movilización de los nicaragüenses".
La Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos (IM-Defensoras) exigió "al Estado nicaragüense que respete el derecho a la protesta social".
Las protestas contra Ortega están prohibidas por la Policía de Nicaragua, a pesar de que la medida ha sido criticada porque contradice la Constitución local.
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Nicaragua vive una crisis que, desde el estallido social contra Ortega el 18 de abril de 2018, ha dejado cientos de muertos, presos y desaparecidos, además de miles de nicaragüenses en el exilio.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que responsabiliza al Gobierno por crímenes "de lesa humanidad", ha registrado 328 muertos, sin embargo organismos locales cuentan hasta 595, y Ortega admite 200.
El estallido contra Ortega se desató hace 16 meses, cuando una aparente mayoría de nicaragüenses salió a las calles para mostrar su desacuerdo con los ataques letales del Gobierno contra sus críticos.
