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La Corte Suprema de Estados Unidos emitió este viernes un fallo que representa un triunfo para la administración del presidente Donald Trump, al restringir el alcance de los jueces federales para suspender de manera general decisiones del Ejecutivo.
Esta decisión tiene un impacto directo en la capacidad del poder judicial para frenar acciones del gobierno federal, mientras se resuelven en los tribunales, y podría facilitar que políticas impulsadas por el presidente Trump avancen sin obstáculos inmediatos.
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Trump celebró la decisión desde su red Truth Social, calificándola como una “"¡Victoria gigantesca en la Corte Suprema de Estados Unidos! Incluso, el fraude de la ciudadanía por derecho de nacimiento se ha visto, indirectamente, duramente afectado", declaró.
Con seis votos a favor y tres en contra, el máximo tribunal concluyó que las medidas cautelares de alcance nacional “probablemente exceden” la autoridad que el Congreso otorga a los tribunales federales.
Esto al respecto del decreto, firmado el mismo día de su toma de posesión en enero de este año, que busca eliminar el derecho a la ciudadanía para hijos de inmigrantes en situación irregular o con estatus temporal, un principio consagrado en la 14ª Enmienda de la Constitución desde hace más de 150 años.
Esta es una política que fue rápidamente cuestionada por tribunales de distrito en varios estados, los cuales suspendieron su aplicación por considerarla inconstitucional.
No obstante, con la nueva decisión de la Corte, esas suspensiones generalizadas, podrían quedar sin efecto o verse limitadas a los casos específicos que dieron origen a las demandas.
La jueza Amy Coney Barrett, quien redactó la opinión mayoritaria, sostuvo que los jueces deben ceñirse a resolver disputas concretas, sin extrapolar sus decisiones a nivel nacional.
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"Cuando un tribunal concluye que el poder ejecutivo ha actuado ilegalmente, la solución no es que el tribunal también se exceda en sus facultades", afirmó.
El fallo provocó reacciones divididas, para los sectores afines al gobierno, representa una corrección necesaria al uso excesivo de medidas cautelares por parte de tribunales.
En cambio, voces críticas alertan sobre el debilitamiento del sistema de equilibrios y contrapesos, especialmente en un momento en que el presidente Trump impulsa una agenda migratoria y de seguridad de alto impacto.
