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Un juez federal en Massachusetts escuchará este lunes los argumentos en un caso que ha abierto una nueva grieta entre la Universidad de Harvard y la administración del expresidente Donald Trump, luego de que esta última decidiera congelar más de 2.200 millones de dólares en subvenciones federales para investigación científica y académica.
La controversia estalló tras la negativa de Harvard a aceptar una serie de exigencias impuestas por el gobierno, que incluían una modificación del proceso de admisión, auditorías a departamentos específicos y restricciones al ingreso de estudiantes internacionales considerados “hostiles a los valores e instituciones estadounidenses”.
La administración Trump argumentó que las medidas buscaban abordar el antisemitismo en el campus, pero Harvard las calificó de "extralimitación" y de intento de ejercer un control sin precedentes sobre una institución privada.
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"Las consecuencias de los excesos del gobierno serán graves y duraderas", advirtió el presidente interino de Harvard, Alan Garber, en una carta pública anunciando la demanda presentada este lunes ante un tribunal federal de distrito en Massachusetts.
La jueza Allison Burroughs, nominada por el expresidente Barack Obama, será la encargada de escuchar los argumentos de ambas partes. La demanda de Harvard, de 51 páginas, acusa al gobierno de violar la Primera Enmienda y otras leyes federales, y solicita que se declare inconstitucional la orden de congelación y que se restituyan los fondos suspendidos.
En el texto judicial, Harvard sostiene que no hay ninguna conexión lógica entre la preocupación por el antisemitismo y la decisión de suspender los fondos destinados a proyectos de investigación médica, científica y tecnológica.
“El Gobierno no ha identificado, ni puede identificar, ninguna conexión racional entre las preocupaciones por el antisemitismo y la investigación médica, científica, tecnológica y de otro tipo que ha congelado, cuyo objetivo es salvar vidas estadounidenses, impulsar el éxito estadounidense, preservar la seguridad estadounidense y mantener la posición de Estados Unidos como líder mundial en innovación”, afirma el documento legal.
La universidad también acusa al gobierno de ignorar el daño potencial que esta congelación puede tener en sus programas de investigación y en la comunidad científica del país en general.
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Aunque el conflicto tiene un fuerte trasfondo político, la Casa Blanca ha defendido su decisión como una forma de presionar a instituciones académicas a combatir con mayor determinación los discursos de odio, particularmente aquellos relacionados con el conflicto en Medio Oriente.
