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Las tres hijas del magistrado colombiano Carlos Urán Rojas, fallecido en 1985 en los hechos que siguieron a la toma guerrillera del Palacio de Justicia en Bogotá, demandaron en Estados Unidos al oficial retirado Luis Alfonso Plazas Vega, que participó en la operación militar de recuperación del edificio.
Helena Urán Bidegain, radicada en Estados Unidos, confirmó que la demanda fue presentada en los tribunales de Fort Lauderdale, a unos 40 kilómetros al norte de Miami, contra el teniente coronel retirado Luis Alfonso Plazas Vega, residente legal en Florida, al que acusan de torturas y desaparición.
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"Ayer, martes, fue notificado, la notificación se le entregó a la esposa y ahora el demandado cuenta con 21 días para responder, aunque seguramente sus abogados pedirán más tiempo", subrayó.
La demanda se ampara en la ley de protección a las víctimas de tortura y es manejada por abogados de una firma legal y un centro de derechos humanos de San Francisco (California).
Helena Urán dijo que la han presentado ahora porque tienen nuevas herramientas legales a su disposición y porque Plazas Vega cuenta ahora con residencia definitiva en Florida.
Es una manera de lograr justicia para su padre, dado que la causa del Palacio de Justicia está "completamente estancada" en Colombia y no hay un solo militar acusado, señaló.
La Comisión de la Verdad investigó lo sucedido los días 6 y 7 de noviembre de 1985 y recreó paso a paso los hechos.
Además de los crímenes de los 35 guerrilleros del Movimiento 19 de abril (M-19) que entraron en la sede más importante de la Justicia en Colombia y tomaron más de 300 rehenes, se determinó que agentes del Estado torturaron e hicieron desaparecer a un número indeterminado de personas.
En los sucesos murieron más de un centenar de personas, incluidos 11 magistrados. Tras la recuperación a cañonazos del edificio por parte del Ejército salieron personas vivas, entre ellas el magistrado Urán, quien aparece en un video, pero luego desapareció.
Sus familiares lo buscaron y, tras muchos esfuerzos, hallaron su cadáver en las instalaciones de Medicina Legal en un cuarto que llamaban "el de los guerrilleros", dijo Helena Urán.
Plazas Vega, según Urán Bidegain, formaba parte de la "estructura" y comandaba un cuartel de caballería en Bogotá donde después se halló la billetera del magistrado.
La demanda alega que como parte de la recuperación del Palacio de Justicia, los militares desplegaron "un sistema ilegal diseñado para identificar, interrogar, desaparecer por la fuerza, torturar y, a menudo, matar extrajudicialmente a cualquier presunto guerrillero o simpatizante de la guerrilla entre los rehenes".
Ese sistema, documentado en las bitácoras militares y policiales y en las comunicaciones internas de radio, incluía segregar a personas denominadas "especiales", quienes luego eran interrogadas de forma violenta antes de ser llevadas a una instalación militar, incluida una encabezada por Plazas Vega.
"Unos pocos afortunados" que lograron escapar convenciendo a los militares de que no estaban involucrados con las guerrillas o que tenían sus propias conexiones con los altos mandos, "vivieron para proporcionar relatos de primera mano del sistema especial", dice la denuncia.
Las demandantes indican que los militares intentaron encubrir sus crímenes deshaciéndose de los restos de sus víctimas.
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"Algunos de los desaparecidos nunca han sido encontrados. En algunos casos, los militares devolvieron los cuerpos al Palacio de Justicia y afirmaron que habían muerto en fuego cruzado durante el sitio", afirma la demanda.
La demanda fue interpuesta por abogados de la firma californiana Wilson Sonsini Goodrich & Rosati y otros del Centro para la Justicia y el Rendimiento de Cuentas de San Francisco.
