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La decisión del presidente de Ecuador, Daniel Noboa, de imponer una tasa del 30 % a las importaciones provenientes de Colombia abrió un nuevo frente de tensión bilateral, con implicaciones comerciales, energéticas y de seguridad en un momento especialmente sensible para ambos países.
Horas después del anuncio, la Presidencia ecuatoriana aclaró que la medida contempla excepciones específicas, entre ellas donaciones, efectos personales, ayudas técnicas, la venta de energía eléctrica y los servicios de logística de hidrocarburos.
El Ejecutivo precisó que el arancel será aplicado por el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador (Senae), conforme a la normativa vigente, y que entrará en vigor a partir del 1 de enero.
En un comunicado difundido en la red social X la noche del miércoles 21 de enero de 2026, el Gobierno de Noboa señaló que la tasa es exigible únicamente a las operaciones de importación que generen obligación tributaria aduanera, por lo que deberá ser considerada por los importadores colombianos durante los procesos de nacionalización de mercancías.
Quito justificó la medida como una respuesta a la “falta de reciprocidad y acciones firmes” de Colombia en la lucha contra el narcotráfico, el crimen organizado transnacional y la minería ilegal, fenómenos que, según el Ejecutivo ecuatoriano, continúan afectando de manera directa la seguridad en la frontera común.
En el comunicado, la Presidencia aseguró que, pese a los diálogos sostenidos entre ambos gobiernos, los mecanismos de control del lado colombiano “no han resultado efectivos ni suficientes” para enfrentar estas amenazas de manera coordinada.
Además, Noboa sostuvo que los recursos recaudados por la aplicación de esta tasa de seguridad serán destinados a financiar el fortalecimiento del control fronterizo y la incorporación de tecnología para la seguridad interna en Ecuador.
El Gobierno ecuatoriano también dejó abierta la posibilidad de revisar la continuidad del arancel, pero condicionó esa evaluación a que exista “voluntad y compromiso real” por parte de la administración colombiana.
Reciprocidad de Colombia
La reacción de Bogotá no tardó en llegar. El Gobierno de Colombia anunció que desmontará una iniciativa regulatoria que habría permitido a Ecuador comprar electricidad directamente a empresas privadas colombianas mediante contratos de largo plazo, una decisión que se produce en un momento clave para el sistema eléctrico ecuatoriano.
Ecuador depende actualmente de Colombia para cubrir entre el 6 % y el 9 % de su demanda eléctrica, especialmente en escenarios de estrés hídrico o alta demanda.
Según fuentes oficiales, el desmonte de esta resolución fue una respuesta directa al anuncio de la tasa del 30 %, aunque desde Quito se aclaró que el arancel no se aplicará a la compra de electricidad desde Colombia, precisamente por su carácter estratégico.
Aun así, la decisión colombiana introduce un elemento adicional de incertidumbre para la planificación energética ecuatoriana.
La resolución del lado colombiano no había entrado aún en vigencia, ya que había sido publicada únicamente para un proceso de consulta con la sociedad civil. No obstante, representaba una vieja aspiración del Gobierno ecuatoriano, dado que el marco actual no permite ventas directas ni contratos de largo plazo entre generadores privados colombianos y Ecuador.
