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El juez en lo Penal Económico de Argentina, Diego Amarante, resolvió citar a declaración indagatoria a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), a su presidente Claudio Fabián Tapia y a varios integrantes de la conducción de la entidad, en el marco de una causa por presunta apropiación indebida de tributos y recursos de la seguridad social por más de $19.353 millones de pesos argentinos (50.500 millones de pesos colombianos).
La decisión judicial se produjo luego de que el organismo recaudador argentino ARCA, solicitara formalmente avanzar con las indagatorias al considerar que existen elementos suficientes para sospechar la participación de las autoridades del fútbol argentino en los hechos investigados.
Las citaciones judiciales
Según la resolución firmada por Amarante, las audiencias fueron fijadas para los primeros días de marzo de 2026. La AFA deberá presentarse el 5 de marzo, seguida ese mismo día por Tapia.
También fueron citados el tesorero Pablo Ariel Toviggino, el director general Gustavo Roberto Lorenzo, el secretario general Cristian Ariel Malaspina y el exsecretario general Víctor Blanco.
Además, el magistrado dispuso la prohibición de salida del país para todos los involucrados, argumentando la gravedad de los hechos investigados y la necesidad de garantizar el normal desarrollo del proceso judicial.
La denuncia por más de $50.000 millones
La investigación se originó en una denuncia presentada en diciembre de 2025 por ARCA, que acusa a la AFA de haber retenido impuestos y aportes previsionales entre marzo de 2024 y septiembre de 2025 sin transferirlos al fisco dentro de los plazos legales.
En total se investigan 69 hechos independientes, con un monto acumulado de $19.353.546.843,85 pesos argentinos.
Los delitos encuadran dentro del Régimen Penal Tributario argentino, que establece penas de dos a seis años de prisión para los agentes de retención que no depositen fondos retenidos cuando superan los montos mínimos previstos por la ley.
El circuito administrativo bajo sospecha
En su presentación judicial, ARCA describió el supuesto mecanismo interno de liquidación y pago de impuestos dentro de la AFA. Según testimonios de personal administrativo, la gerencia contable elaboraba las declaraciones juradas y notificaba los vencimientos al tesorero, quien luego impartía la orden de pago.
Posteriormente, se generaban los Volantes Electrónicos de Pago (VEP) y se coordinaban las transferencias con el área financiera.
Sin embargo, el organismo sostiene que las decisiones finales estaban concentradas en la mesa directiva, integrada por el presidente, el secretario general y el tesorero, responsables además de firmar los estados contables.
Para los investigadores, resulta “difícil suponer” que una omisión sostenida durante 19 meses consecutivos, pudiera haberse producido sin conocimiento de las máximas autoridades.
Capacidad económica y agravantes
Otro de los puntos centrales de la denuncia señala que durante el período investigado la AFA registró importantes acreditaciones bancarias e incluso constituyó depósitos a plazo fijo en pesos y dólares, lo que —según la acusación— demostraría que la entidad contaba con capacidad financiera suficiente para cumplir sus obligaciones fiscales.
Ahora será el juez Amarante quien, tras tomar las declaraciones indagatorias, deberá determinar si existen elementos para avanzar hacia un eventual procesamiento de los dirigentes y de la propia AFA como persona jurídica.
