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Una delegación de familiares de víctimas del gobierno Alberto Fujimori anunció que viajará a Costa Rica, para solicitar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos la nulidad del indulto que le otorgó el presidente Pedro Pablo Kuczynski.
El tribunal, con sede en Costa Rica, fijó una audiencia el 2 de febrero para abordar el tema.
"Ha sido un procedimiento injusto y político del presidente Kuczynski sin hablar con nosotras que seguimos sufriendo la muerte de nuestros seres queridos", dijo en rueda de prensa Rosa Rojas, quien en 1991 perdió a su marido y a un hijo de 8 años en la matanza de Barrios Altos, uno de los casos por los que el expresidente (1990-2000) fue condenado a 25 años de cárcel.
Rojas Señaló que la Corte los escuchará "porque las heridas siguen abierta. No hay razón para el indulto", dijo la mujer.
Jorge Bracamonte de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, una ONG que encabeza la delegación junto con los familiares, dijo que el pedido de nulidad se sustenta en dos pilares relacionados con irregularidades en el proceso y factores políticos.
Se trata de un proceso "irregular porque se hizo con una celeridad asombrosa, en apenas doce días, el expresidente no se encuentra con una enfermedad terminal, además uno de los firmantes es su médico personal", indicó.
Bracamonte recordó que durante el gobierno del presidente Ollanta Humala (2011-2016), una junta médica determinó que Fujimori no padecía de una enfermedad terminal y que sus males estaban controlados.
Añadió que en lo que se refiere al factor político, el beneficio se gestó en un acuerdo entre el presidente Kuczynski y Kenji Fujimori, hijo menor del exmandatario, para evitar la destitución presidencial que el 21 de diciembre pedía un sector de la oposición en el Congreso.
A los tres días Fujimori, de 79 años, obtuvo el indulto humanitario.
"Previo al viaje de la delegación estamos anunciando una marcha el 30 de enero en rechazo al indulto", dijo Gisela Ortiz, cuyo hermano, Luis Enrique Ortiz, de 22 años, formó parte de un grupo de nueve estudiantes y un profesor que fueron ultimados por un escuadrón militar el 18 de julio de 1992, en la universidad de La Cantuta y luego enterrados en una fosa clandestina
"Nosotros, los familiares, solo buscamos que la Corte nos escuche y escuche al Estado peruano para que se dé cuenta que no hay razón para este indulto", señaló Ortiz.
Con información de AFP
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