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El Gobierno del estado de Pará, situado en el norte de Brasil, comenzó la transferencia de 46 presos por su implicación en la masacre que el lunes pasado dejó 57 muertos en un complejo carcelario tras un enfrentamiento entre bandas rivales.
La sangrienta disputa en el Centro de Recuperación Regional de la localidad de Altamira entre las facciones criminales Comando Rojo y Comando Clase A acabó con 16 reclusos decapitados y otros 41 que perecieron debido al humo que se extendió por el complejo después de que los atacantes prendieran fuego al lugar.
Las autoridades de la Gobernación de Pará comenzaron la transferencia de un total de 46 presidiarios en la mañana de este martes a otras prisiones del Estado para garantizar su aislamiento.
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La Superintendencia del Sistema Penitenciario del Pará indicó que 30 reclusos serán transferidos vía terrestre, mientras que los otros 16, considerados más peligrosos y apuntados como los líderes de la masacre, serán desplazados vía aérea.
Diez de ellos serán recluidos en presidios federales de máxima seguridad en Belém, capital de Pará, los cuales dependen del Gobierno federal y cuentan con un estricto control de seguridad.
La matanza carcelaria, considerada una de las mayores desde 1992, ha causado conmoción en la sociedad brasileña y volvió a abrir un intenso debate sobre las precarias condiciones de las penitenciarias del país, el tercero con más reclusos en el mundo, detrás solo de Estados Unidos y China.
Según un documento del Consejo Nacional de Justicia, las condiciones del Centro de Recuperación Regional de Altamira fueron consideradas "pésimas", debido a su situación de superpoblación y escasez de agentes carcelarios.
Tras la masacre, la ONG Amnistía Internacional (AI) cargó contra las políticas del Gobierno comandado por el presidente Jair Bolsonaro y atribuyó la masacre a un "reflejo" de un sistema carcelario "estrangulado" y a un modelo de seguridad pública "agotado".
El organismo subrayó además que "viene alertando acerca de la ampliación de la población carcelaria y sus condiciones en los últimos años".
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"Estas personas, que estaban bajo la jurisprudencia del Estado brasileño para que fueran reeducadas y tuvieran nuevas oportunidades en la sociedad, deberían haber tenido sus vidas preservadas", recalcó AI.
Preguntado por periodistas sobre su posición acerca de la masacre en Altamira, una pequeña ciudad ubicada unos 850 kilómetros de distancia de Belém, Bolsonaro se negó a comentar el tema.
"Pregunten a las víctimas de los que han muerto allá a ver qué piensan ellos. Después de que contesten, yo les contesto a ustedes", dijo el mandatario.
