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El secretario de Defensa de Sri Lanka, Hemasiri Fernando, renunció a su puesto después de que se revelara que los organismos de seguridad del país recibieron con antelación información sobre la serie de atentados del pasado domingo en que murieron 359 personas.
Fernando aseguró en su carta de renuncia que como secretario de Defensa había difundido "sistemáticamente la información de inteligencia recibida sobre los ataques a los funcionarios y departamentos competentes" y que cumplió con su "deber".
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"Pero algunos oficiales y departamentos clave no actuaron en consecuencia y como resultado hemos tenido que enfrentar esta situación. Voy a renunciar para facilitar la investigación al comité encargado", anunció.
Una alerta profética hace quince días, que advertía que el NTJ preparaba atentados, no fue comunicada al primer ministro y a ministros de alto rango. La alerta se basaba en elementos transmitidos por "una agencia de inteligencia extranjera" y había sido difundida a los servicios de policía.
“Ha habido claramente un fallo de comunicación de [los servicios] de inteligencia. El gobierno debe asumir sus responsabilidades, ya que si la información hubiese sido transmitida a las personas correctas, habría permitido evitar o minimizar" estos atentados, había reconocido ya el miércoles el viceministro de Defensa, Ruwan Wikewardene.
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La policía es competencia del presidente Maithripala Sirisena, que está enemistado con el primer ministro Ranil Wickremesinghe. El primero había destituido al segundo pero fue obligado a readmitirlo tras siete semanas de caos político.
Pero antes de la dimisión del máximo responsable del ministerio de defensa, desde allí se ordenó el despliegue de casi 4.000 militares en todo el país con poderes especiales de búsqueda y detención sin orden judicial a petición del presidente, Maithripala Sirisena.
En total, 3.984 militares proveerán seguridad a iglesias y otros edificios religiosos, así como a otros "puntos vulnerables", en coordinación con la Policía.
El despliegue militar incluye controles en carreteras, controles de vehículos y patrullas a pie, entre otras medidas.
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Los poderes especiales al Ejército fueron acordados por Sirisena para "mantener el orden público" el pasado lunes, tras los atentados simultáneos del Domingo de Resurrección contra tres iglesias y tres hoteles de lujo.
Desde entonces, las autoridades han hallado y desactivado numerosos artefactos explosivos en distintos lugares de la ciudad que se presume guardan conexión con estos ataques.
Reivindicados el martes por el grupo yihadista Estado Islámico (EI) y por los que ya han sido detenidos 60 nacionales, la investigación continúa y las autoridades locales apuntaron inicialmente al grupo islamista local National Thowheeth Jamath (NTJ), poco conocido.
Asimismo, las autoridades ordenaron “por consejo de las fuerzas de seguridad, mantener todas las iglesias cerradas". Así lo aseguró un alto responsable de la Iglesia local, que añadió que "no habrá ninguna misa pública hasta nueva orden". Los funerales de las víctimas pueden realizarse en ceremonias privadas.
