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La Asamblea General de la ONU, sin posibilidad de reunirse debido a la pandemia de la COVID-19, creó un nuevo procedimiento de votación aplicable en principio hasta finales de mayo, para evitar reuniones presenciales, cuyo formato otorga en los hechos un poder de veto a todos sus integrantes.
En tiempos ordinarios, los miembros de la Asamblea General no tienen poder de veto, un privilegio del que solo gozan, desde la creación de la organización hace 75 años, los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad: Estados Unidos, Rusia, China, Francia y Reino Unido.
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Hasta la pandemia, lo usual es que los textos se aprueben por consenso sin votación, o por mayoría de apoyos en votaciones electrónicas o secretas en caso de elecciones.
Según el nuevo procedimiento, cuando hay un proyecto de resolución, se transmite al presidente de la Asamblea, quien lanza una votación "silenciosa" con un plazo unos días. Si ningún miembro rompe el silencio, el texto se considera adoptado. De lo contrario, es rechazado.
En otras palabras, cada miembro de la ONU tiene un "derecho de veto" sobre el texto de otro, confirman los diplomáticos.
El lunes, la Asamblea General adoptó con este nuevo procedimiento una resolución que pide un "acceso equitativo" a las "futuras vacunas" contra la COVID-19 y subraya el "crucial rol dirigente" de la Organización Mundial de la Salud (OMS), agencia duramente criticada por Estados Unidos.
El texto, no vinculante, presentado por México, fue adoptado por consenso y, por lo tanto, con el apoyo de Estados Unidos.
Según los diplomáticos, Estados Unidos intentó en vano evitar la adopción del texto, después de finalizado el proceso de votación, pues no activó su rechazo dentro del lapso de votación, e intentó hacerlo después, sin éxito, confirmaron fuentes diplomáticas.
Para la Asamblea, el nuevo procedimiento fue esencial para continuar adoptando textos que no pueden posponerse, como las autorizaciones presupuestarias.
La nueva modalidad impulsa el consenso y la adopción de textos. Pero también le da derecho a un país a bloquear toda la maquinaria de la ONU.
En el momento de la primera adopción por la Asamblea General de un texto relacionado con la COVID-19 el 3 de abril, que pedía una "cooperación" internacional para mejorar la lucha contra la enfermedad, ningún país había roto el silencio.
El mismo día, sin embargo, Ucrania, Georgia, Estados Unidos y la Unión Europea bloquearon un texto de Rusia que pedía el levantamiento de las sanciones internacionales por la crisis de la COVID-19.
Esta semana, Moscú vuelve a la carga con un nuevo proyecto de resolución sobre el mismo tema, que establece un compromiso por parte de los Estados miembros "para enfrentar los desafíos globales como buenos vecinos, absteniéndose de aplicar medidas proteccionistas y discriminatorias en contradicción con las reglas de la Organización Internacional del Comercio".
Dicho pedido está sujeto a una votación "silenciosa" que expira el miércoles en la tarde. Fuentes diplomáticas consideran que la nueva iniciativa rusa está condenada al fracaso.
El nuevo procedimiento instituido por la Asamblea General "fue necesario pero está incompleto", consideró un diplomático bajo condición de anonimato. El proceso "es menos democrático" que antes, acotó.
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La Asamblea también tendrá que resolver la espinosa elección de cinco nuevos miembros no permanentes para el Consejo de Seguridad, programado para el 17 de junio.
Entre los candidatos, Canadá, Irlanda, Noruega, Yibuti, Kenia, ya corren sudores fríos, comentaron diplomáticos.
Sin una reunión presencial de la Asamblea se abren interrogantes: ¿habrá voto electrónico para esta votación, que se hace habitualmente de forma secreta con papeles y urnas? y ¿cómo evitar la manipulación y evitar la transparencia del procedimiento?
