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Las autoridades de Cabo Verde trasladaron este viernes por la noche al empresario colombiano Álex Saab, acusado de ser testaferro del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, a la norteña isla caboverdiana de Sal, donde fue detenido este 12 de junio, informó hoy la estatal Radio de Cabo Verde (RCV).
Saab fue transferido desde la cárcel de Ribeirinha, en la septentrional isla de San Vicente, donde llevaba varios días recluido, a Sal por "motivos de seguridad", declararon fuentes policiales de este país insular de África occidental a RCV.
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El abogado del empresario en San Vicente, João do Rosário, aseguró que a la defensa "aún no le había sido notificado el traslado a última hora de la tarde de hoy (sábado)" y que está "tratando de entender" qué ha sucedido y "cuáles son las razones reales" de la medida adoptada por las autoridades de Cabo Verde.
PETICIÓN DE EXTRADICIÓN DE ESTADOS UNIDOS
Saab fue arrestado el 12 de junio en el Aeropuerto Internacional Amilcar Cabral de Sal (el más importante de Cabo Verde), donde su avión hacía escala, en respuesta a una petición de Estados Unidos cursada a través de Interpol por delitos de blanqueo de dinero.
El supuesto testaferro fue después llevado a San Vicente, donde el Tribunal de Apelaciones confirmó la prisión preventiva decretada inicialmente por una corte de Sal.
El retorno de Saab a Sal llamó la atención en Cabo Verde, donde varios observadores descartaron que el motivo sea la seguridad, ya que la cárcel de Ribeirinha se considera la más segura del país.
La presencia del empresario en Sal, sede del principal aeropuerto del archipiélago, podría constituir un primer paso hacia su rápida extradición a Estados Unidos, de acuerdo con estos observadores.
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Sin embargo, no hay pruebas, por ahora, de una decisión favorable a una posible extradición, pues la Procuraduría General de la República (PGR) de Cabo Verde recibió este lunes la solicitud de extradición del Departamento de Justicia de EEUU, y tiene un plazo de 65 días, a partir del 12 de junio, para responder a esa petición.
En estos casos, de cualquier modo, no es el Gobierno el que toma la decisión final, sino el Poder Judicial.
Por otro lado, informaciones publicadas en los últimos días por medios internacionales sobre un supuesto movimiento de aviones de EEUU y sus aliados en aeropuertos de Cabo Verde, fueron desmentidas hoy a Efe por una fuente próxima al Gobierno caboverdiano.
"Hemos tenido un movimiento normal en el aeropuerto de Sal, incluyendo escalas de aviones extranjeros, es decir, un avión militar británico (...), que permaneció en esa isla unos días pero no tuvo nada que ver con el caso de Álex Saab", explicó.
La misma fuente también tildó de "teorías sin sentido" otras informaciones de que Cabo Verde estaría a punto de sufrir un ataque de mercenarios contratados por el Gobierno de Venezuela para liberar a Saab y que esta amenaza habría motivado la presencia de tales aviones y tropas de Estados Unidos y sus aliados en el país.
LA DETENCIÓN DE SAAB, UN "CASO DELICADO"
El traslado de Saab a Sal ocurrió un día después de que el presidente de Cabo Verde, Jorge Carlos Fonseca, calificara su situación como un "caso delicado".
El presidente rehusó opinar sobre el caso pero subrayó que Saab "debe tener acceso a todas las garantías de defensa que la Constitución exige para cualquier persona detenida en cualquier proceso judicial".
Tras la detención del presunto testaferro, Venezuela señaló que Saab es un ciudadano venezolano y un "agente" del Gobierno, que se encontraba "en tránsito" en Cabo Verde para volver al país.
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El abogado de Saab, José Manuel Pinto Monteiro, declaró recientemente a Efe que el empresario "tenía derecho a la inviolabilidad personal como enviado especial de Venezuela en tránsito por Cabo Verde".
Este lunes, la defensa del empresario presentó ante el Supremo Tribunal de Justicia (STJ) un nuevo "habeas corpus" (derecho de un detenido a comparecer ante un juez o tribunal para que resuelva si su arresto fue o no legal, y si debe levantarse o mantenerse), alegando el "encarcelamiento ilegal" de su cliente.
El STJ desestimó la semana pasada pronunciarse sobre otro "habeas corpus" interpuesto por Saab para lograr su liberación.
Pese a mantener un bajo perfil en Colombia, el nombre de Saab apareció en los medios cuando la exfiscal venezolana Luisa Ortega le acusó en 2017 de ser uno de los testaferros de Maduro.
Nacido en la ciudad colombiana de Barranquilla y de origen libanés, Saab está relacionado con varias empresas, entre ellas Group Grand Limited (GGL), acusada de suministrar con sobreprecios al régimen de Maduro alimentos y víveres para los gubernamentales Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP).
Un funcionario del Gobierno estadounidense indicó en julio de 2019 que con los CLAP, que se entregan a los más pobres, el empresario colombiano y tres hijastros de Maduro se lucraron, al parecer, con "cientos de millones de dólares".
Washington también presentó entonces cargos contra Saab y su mano derecha, Álvaro Enrique Pulido, a quienes acusa de blanquear hasta 350 millones de dólares supuestamente defraudados a través del sistema de control cambiario en Venezuela.
Según EEUU, entre noviembre de 2011 y septiembre de 2015, Saab y Pulido se confabularon con otros para lavar sus ganancias ilícitas y transferirlas desde Venezuela a cuentas bancarias estadounidenses, motivo por el que Washington tiene jurisdicción en el caso.
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