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El pleno del Tribunal Constitucional (TC) de Perú aceptó este jueves un hábeas corpus que solicitaba la nulidad de una resolución judicial que suspendió el indulto que se otorgó en 2017 al expresidente peruano Alberto Fujimori.
"TC declaró fundada la demanda de hábeas corpus" en favor de Fujimori, de 83 años y quien gobernó entre 1990 y 2000, lo que permite su liberación en los próximos días.
La decisión, que es inapelable, le concede el indulto humanitario al exmandatario, y ordena su inmediata liberación de la prisión donde cumple, desde 2009, su condena a 25 años por crímenes de lesa humanidad.
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Un grupo de seis organizaciones peruanas dedicadas a la defensa de las víctimas de las matanzas de Barrios Altos (1991) y La Cantuta (1992) ya había anunciado más temprano que pidió a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) que adopte medidas provisionales para garantizar el acceso a la Justicia ante la posible liberación del expresidente Alberto Fujimori.
El hábeas corpus fue interpuesto por el abogado Gregorio Parco Alarcón contra la resolución de la Corte Suprema que en 2018 dejó sin efecto el indulto otorgado a Fujimori el 24 de diciembre de 2017 por el entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018).
La Justicia peruana ordenó la nulidad del indulto después de considerar que no cumplía con las exigencias legales y carecía de efectos jurídicos, por lo que Fujimori debió regresar a la prisión del cuartel policial del este de Lima en el que cumple su condena.
El indulto incluso estaba siendo investigado por los tribunales, ya que la Fiscalía consideraba que fue producto de una negociación entre Kuczynski y el hijo menor de Fujimori, Kenji, quien por entonces era congresista, para que legisladores fujimoristas votaran en contra de un pedido de destitución del entonces mandatario.
Fujimori, de 83 años, fue dado de alta este lunes tras superar una dolencia cardíaca que lo obligó a internarse en una clínica de Lima, aunque iba a seguir siendo tratado en prisión de una fibrosis pulmonar, según informó en ese momento su hija mayor, Keiko.
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El exgobernante es el único preso en una cárcel construida expresamente para él dentro de la base policial del distrito de Ate, donde aún debe permanecer hasta 2033, cuando tendrá 95 años.
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