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La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) requirió al Estado de Perú abstenerse de liberar al expresidente Alberto Fujimori, con el fin de garantizar el derecho a la justicia de las víctimas de dos casos de violaciones a los derechos humanos, informó este miércoles el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil).
Una portavoz de Cejil confirmó la información, mientras que una fuente de la CorteIDH, que tiene su sede en Costa Rica, informó que el tribunal no se referirá al asunto públicamente por el momento.
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Según Cejil, que actúa como representante de las víctimas en los casos juzgados por la CorteIDH, el pleno del tribunal adoptó este miércoles una decisión para requerir al Estado peruano abstenerse de liberar a Fujimori como una medida para garantizar el acceso a la justicia de las víctimas de los casos La Cantuta y Barrios Altos.
De acuerdo con esa organización, la Corte Interamericana notificará próximamente a las partes su decisión completa.
Perú se mantiene a la expectativa de la liberación de Fujimori (1990-2000), de 83 años de edad, mientras que su defensa intenta acelerar el trámite judicial que le permitirá abandonar la cárcel gracias a un fallo del Tribunal Constitucional que restituyó un indulto humanitario que se le había sido otorgado al exmandatario en 2017.
Fujimori fue condenado por la Justicia peruana en 2009 a 25 años de cárcel por la autoría mediata (con dominio del hecho) de las matanzas de La Cantuta y Barrios Altos, en las que murieron 25 personas, y el secuestro de un periodista y un empresario en 1992.
La CorteIDH también condenó a Perú en año 2001 por el caso Barrios Altos y en 2006 por el de La Cantuta, y ordenó al Estado castigar a los responsables.
El Gobierno del presidente Pedro Castillo anunció que recurrirá a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para intentar revertir el indulto, dado que ese tribunal le pidió al Estado peruano sancionar los delitos por los cuales fue sentenciado el exmandatario hace 13 años.
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Tras conocerse la decisión del alto tribunal constitucional peruano, la Justicia ordenó el impedimento de salida del país durante 18 meses a Fujimori para que acuda a las citaciones por el caso que aún se le sigue de Pativilca, una matanza de seis personas perpetrada en 1992.
