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El director ejecutivo de AI Venezuela, Marcos Gómez, expresó en un comunicado que "el catálogo de abusos a los derechos humanos que se han registrado en el contexto de operativos de seguridad y orden público durante estados de excepción en Venezuela en el pasado han sentado un precedente alarmante".
Maduro firmó el 13 de mayo el decreto de estado de excepción y emergencia económica que le daría "el poder suficiente" para, entre otros asuntos, hacer frente a un supuesto golpe de Estado contra él.
Además, el gobernante anunció su decisión de iniciar ejercicios militares de la Fuerza Armada venezolana (FANB) para prepararse para "cualquier escenario", luego de informar de unos supuestos planes de intervención planeados en el extranjero.
Amnistía Internacional recuerda que Venezuela atraviesa una grave crisis que afecta los derechos de la población, caracterizada por el desabastecimiento de medicinas y alimentos, los altos índices de homicidios y violencia, y el bajo nivel de generación eléctrica.
La organización no gubernamental advierte en su nota que las medidas derivadas del estado de excepción no deben ser usadas para reprimir las manifestaciones pacíficas, en especial aquellas que tengan que ver con reclamos por derechos sociales, económicos y políticos y que, de ninguna forma, sirvan para justificar la detención arbitraria de quienes participen en estas.
"El gobierno de Venezuela debe recordar que los estados de excepción no derogan ni suspenden el ordenamiento jurídico nacional e internacional, de manera que los cuerpos de seguridad y los funcionarios siguen siendo responsables por sus actuaciones u omisiones e, igualmente, que tampoco suspende el ejercicio de las acciones judiciales necesarias para la protección de los derechos humanos", resaltó Marcos Gómez.
AI recuerda que en Venezuela los estados de excepción "tienen penosos antecedentes", y cita "violaciones de los derechos humanos" en los años 1989, 1992 y 1999.
Menciona también que entre agosto y septiembre de 2015 el gobierno adoptó una serie de decretos que afectaron a un grupo de municipios en las zonas fronterizas con Colombia por los cuales se militarizaron dichas zonas.
La ONG señala que ante los operativos bajo estos decretos de estado de excepción se recibieron y documentaron denuncias de deportaciones, desalojos y detenciones presuntamente arbitrarias, así como tratos crueles y discriminatorios contra ciudadanos de nacionalidad colombiana, incluida la separación de familias, expulsión de refugiados y solicitantes de asilo entre otras graves violaciones de derechos humanos.
