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El mercado de la vivienda en Colombia podría enfrentar un giro importante en 2026. El Ministerio de Vivienda presentó un borrador de decreto que redefine la forma en que se fijan los precios máximos de la Vivienda de Interés Social (VIS) y la Vivienda de Interés Prioritario (VIP), dos de los programas más relevantes para las familias que buscan casa propia.
La propuesta no solo actualiza los topes, sino que plantea que las viviendas se comercialicen con valores expresados directamente en pesos colombianos, y no atados al salario mínimo como ocurre actualmente en muchos proyectos.
Nuevos topes para VIS y VIP en 2026
El proyecto establece límites máximos medidos en salarios mínimos legales mensuales vigentes (SMLMV), que luego se traducen a pesos.
Con un salario mínimo proyectado de $1,75 millones, los valores quedarían así:
- Vivienda de Interés Social (VIS): hasta 135 salarios mínimos; equivalente aproximado: $236 millones
- Vivienda de Interés Prioritario (VIP): hasta 90 salarios mínimos; equivalente aproximado: $157 millones
En el caso especial de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, el tope para vivienda rural VIS sería considerablemente más alto, pudiendo llegar hasta $490 millones, debido a los mayores costos de transporte y materiales en el archipiélago.
¿Qué cambia para quienes quieren comprar vivienda?
Uno de los puntos centrales del decreto es la llamada “desindexación” del salario mínimo.
Hoy, muchos proyectos VIS se ofertan en salarios mínimos. Eso significa que si el salario sube, el precio final también aumenta automáticamente, incluso después de que el comprador haya iniciado el proceso.
Con la nueva propuesta:
- El precio deberá quedar definido en pesos desde el inicio.
- Ese valor será el único monto exigible durante todo el contrato.
- No podrá superar el tope vigente al momento de la adjudicación.
Solo se permitirían ajustes extraordinarios si están debidamente justificados y respaldados por el Índice de Costos de la Construcción de Edificaciones (Icce) del Dane.
¿Por qué el Gobierno quiere hacer este cambio?
La decisión llega tras el aumento del salario mínimo del 23 %, que genera efectos en cadena sobre productos y servicios que están atados a este indicador.
Según el Ministerio, los costos reales de construcción —como materiales y mano de obra— no han crecido al mismo ritmo del salario mínimo. Mientras el salario tuvo un fuerte incremento, los costos del sector cerraron 2025 con un aumento cercano al 3,6 %, frente a una inflación del 5,1 %.
Para el Ejecutivo, mantener la vivienda ligada automáticamente al mínimo puede encarecerla más de lo necesario y dificultar el cierre financiero de los hogares.
El borrador cita el artículo 51 de la Constitución, que consagra el derecho a una vivienda digna, y normas como la Ley 388 de 1997, la Ley 2294 de 2023 y el Estatuto del Consumidor.
El decreto también refuerza la obligación de transparencia en la información al consumidor:
- El precio debe ser claro, verificable y completo.
- Cualquier ambigüedad deberá resolverse a favor del comprador.
- La Superintendencia de Industria y Comercio asumirá funciones de inspección y control.
Con esto, el Gobierno pretende evitar sorpresas en el valor final y dar mayor seguridad jurídica a quienes acceden a programas VIS y VIP.
