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La Cámara Colombiana de la Infraestructura (CCI) alertó sobre la disminución de recursos destinados a dos proyectos estratégicos de infraestructura, una decisión que compromete cerca de $1 billón de pesos y afecta iniciativas consideradas clave para el desarrollo nacional. La advertencia se produjo a partir de una comunicación dirigida a altos funcionarios del Gobierno, entre ellos los ministerios de Hacienda y Transporte, la Agencia Nacional de Infraestructura y el Departamento Nacional de Planeación.
Según la CCI, los recortes afectan directamente la vía Mulaló–Loboguerrero y el proyecto de restauración del Canal del Dique, dos obras incluidas dentro de las prioridades de política pública y con impacto en regiones estratégicas del país. La reducción total asciende a aproximadamente $976.000 millones, una cifra cercana al billón de pesos.
Proyectos priorizados con menos recursos
La vía Mulaló–Loboguerrero, ubicada en el departamento del Valle del Cauca, registró una reducción cercana a los $340.000 millones en los recursos previamente previstos para su construcción, operación y mantenimiento. Esta obra es considerada un eje clave para la conectividad del suroccidente del país y para el comercio exterior a través del puerto de Buenaventura.
Por su parte, el proyecto de restauración de los ecosistemas degradados del Canal del Dique, en la región Caribe, enfrentó una disminución aproximada de $636.000 millones. La iniciativa busca intervenir una zona estratégica por su importancia ambiental, social y económica, y su alcance involucra varios departamentos del norte del país.
Ambos proyectos habían sido priorizados en el Plan Nacional de Desarrollo, y su ejecución está asociada a objetivos de competitividad, crecimiento económico e integración regional, de acuerdo con la información entregada por el gremio.
Cuestionamientos sobre la forma de la decisión
Además del impacto financiero, la CCI señaló que la reducción de las vigencias futuras se realizó de manera unilateral. El gremio recordó que un decreto expedido a finales de diciembre establecía que cualquier modificación a estos recursos debía contar con el acuerdo de las partes involucradas, incluidos los concesionarios.
Sin embargo, dos días después de emitido ese decreto, los recursos fueron reducidos sin que mediara dicho consenso, lo que, según la Cámara, contradice los lineamientos definidos previamente por el propio gobierno. Esta situación, advirtió, afecta la confianza en los contratos de infraestructura y podría generar riesgos legales y financieros para la Nación.
Advertencias y llamados institucionales
Ante este escenario, la Cámara Colombiana de la Infraestructura solicitó que se restablezcan las vigencias futuras previstas para 2025, con el fin de asegurar el cumplimiento de los compromisos adquiridos en proyectos considerados esenciales para el país.
El gremio señaló que el incumplimiento de los compromisos de pago podría derivar en eventuales sanciones disciplinarias y fiscales para los funcionarios responsables, de acuerdo con las normas vigentes. La advertencia se plantea en el contexto de la ejecución de obras públicas y la responsabilidad asociada al manejo de recursos destinados a infraestructura estratégica.
