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La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) emitió una orden administrativa con el objetivo de “evitar que se cause daño o perjuicio a los consumidores” en contra de Colchones Paraíso.
La decisión se tomó luego que al parecer “no se están efectuando las entregas de los productos adquiridos en las fechas dispuestas para tal fin y no se están atendiendo las reclamaciones presentadas por los consumidores”.
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Las órdenes administrativas emitidas incluyen la obligación de remitir a la Dirección de Investigaciones de Protección al Consumidor información relacionada con los presuntos incumplimientos en las entregas de los productos.
Además, se debe implementar un plan de entrega o devolución de dinero, a elección del consumidor, dentro de los cinco (05) días hábiles siguientes a la comunicación del acto administrativo.
Los consumidores deben ser informados al día siguiente de la implementación de este plan, que tienen la opción de escoger entre la entrega o la devolución de los dineros cancelados por ellos.
“En el caso que los consumidores hubiesen escogido la opción de entrega del bien, éste deberá efectuarse en un plazo máximo de 15 días hábiles siguientes a la estructuración del plan mencionado en la presente orden”, indicó la SIC.
Por otra parte, la empresa deberá informar a los consumidores dentro de los dos (02) días hábiles a la comunicación del acto administrativo y de manera clara, veraz, visible, precisa y suficiente, en los establecimientos de comercio, cualquier afectación en su situación jurídica, como la reorganización, liquidación, embargos, etc.
La Superintendencia de Industria y Comercio continuará monitoreando la situación y tomará todas las medidas necesarias para garantizar que se cumplan estas órdenes administrativas.
“Los consumidores pueden estar seguros de que la Superintendencia de Industria y Comercio está comprometida con la protección de sus derechos y tomará todas las medidas necesarias para garantizar que estos derechos sean respetados y protegidos”, agregó la SIC.
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La entidad informó que "el incumplimiento de la orden impartida dará lugar a la imposición de multas sucesivas de hasta mil (1.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes mientras permanezca en rebeldía, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 6 del artículo 61 de la Ley 1480 de 2011".
