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La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), sancionó a diversas empresas y personas naturales con multas que ascienden a aproximadamente 12 mil millones de pesos por infringir la libre competencia económica en procesos de contratación estatal. Las investigaciones desvelaron prácticas anticompetitivas en varios sectores, entre ellos la ingeniería civil y los servicios logísticos para eventos.
En particular, en un proceso de selección de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), se descubrió que las empresas involucradas presentaron ofertas coordinadas, lo que les permitió manipular las probabilidades de ser seleccionadas. Las sanciones en este caso superaron los 680 millones de pesos.
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“En la primera investigación, se sancionó a tres empresas del sector de la ingeniería civil y a su controlante por infringir la libre competencia económica, al haber incurrido en la prohibición general prevista en el artículo 1 de la Ley 155 de 1959, durante el proceso de selección No. VJ-VEJ-CM-001-2019 adelantado por la ANI. En este caso, se impusieron sanciones económicas por valor de más de 680 millones de pesos”, indicó la SIC.
En el segundo caso, la SIC sancionó a dos empresas del sector de la ingeniería civil, a su controlante y a personas naturales vinculadas a las empresas, por infringir la libre competencia económica durante el mismo proceso de selección. En este caso, se impusieron sanciones económicas por valor de más de 2.042 millones de pesos.
En la tercera investigación, la SIC determinó que dos empresas dedicadas a la prestación de servicios asociados con la operación logística en la organización, operación y ejecución de eventos, por infringir la libre competencia económica, así como a siete personas naturales vinculadas a las empresas investigadas, en distintos procesos de selección contractual adelantados por el Ejército Nacional, ICBF, Instituto Caro y Cuervo, Contraloría de Bogotá D.C., Alcaldía de Barranquilla, entre otras entidades del orden nacional y territorial. “En este caso, se impusieron sanciones económicas por valor de más de 4.400 millones de pesos”, informó la Superintendencia.
En esta investigación, la Superintendencia encontró que las empresas compartían un departamento de licitaciones conjunto, lo que les permitió incrementar las probabilidades de ser seleccionadas en el consolidado de posibles proponentes del proceso de contratación, elaborando documentos y ofertas de manera conjunta.
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En la última investigación administrativa se evidenció que cuatro empresas y cuatro personas naturales fueron sancionadas por infringir el régimen de libre competencia económica al haber incurrido en la prohibición general prevista en el artículo 1 de la Ley 155 de 1959 y en la celebración de acuerdos anticompetitivos en procesos de selección contractual prevista en el numeral 9 del artículo 47 del Decreto 2153 de 1992. “En este caso, se impusieron sanciones económicas por valor de más de 5.100 millones de pesos”, concluyó la SIC.
Finalmente, según la Superintendencia estas sanciones fueron impuestas debido a la colaboración indebida entre competidores y la manipulación de procesos de licitación para favorecer intereses particulares.
