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La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) ordenó a Amarilo S.A.S. adoptar una serie de medidas relacionadas con el proyecto inmobiliario Conjunto Residencial Alborada Hacienda Rosa Blanca PH, ubicado en Villavicencio, Meta, luego de identificar situaciones asociadas a presuntas deficiencias constructivas que podrían afectar a los consumidores.
La decisión fue adoptada por la Dirección de Investigaciones de Protección al Consumidor tras adelantar una averiguación preliminar originada por una denuncia en la que se advertía sobre presuntos daños estructurales y deterioros en distintos componentes de las edificaciones del conjunto residencial.
Denuncia originó la investigación de la SIC
Como parte de la actuación administrativa, la entidad recopiló documentación, solicitó información técnica a la constructora, revisó planos arquitectónicos y memorias de cálculo del proyecto, evaluó informes técnicos entregados por los denunciantes y realizó una visita de inspección al conjunto.
Durante esa inspección, la autoridad también recopiló registros fotográficos y recibió declaraciones de representantes de la copropiedad, propietarios y personal vinculado a la interventoría.
De acuerdo con la información obtenida durante la investigación, la SIC indicó que encontró elementos que podrían tener impacto sobre los derechos de los consumidores, especialmente frente a la seguridad de los inmuebles entregados.
Según señaló la entidad, se evidenciaron "situaciones que podrían afectar los derechos de los consumidores, particularmente en relación con la seguridad de los inmuebles entregados a los propietarios" y que estas "podrían derivar en riesgos para la salud e integridad de los residentes y de la comunidad en general".
Inspección y revisión técnica del proyecto
Dentro de las medidas ordenadas a Amarilo se encuentra la realización de una evaluación técnica y patológica integral del estado actual del conjunto residencial, así como la elaboración de un plan de trabajo con cronogramas y acciones correctivas.
La constructora también deberá implementar medidas preventivas inmediatas de seguridad, señalización y aislamiento para mitigar riesgos que puedan afectar a residentes o transeúntes.
Adicionalmente, tendrá que informar a la SIC sobre los resultados de las evaluaciones técnicas, los planes de trabajo y las respuestas entregadas a las peticiones, quejas y reclamos presentados por la administración de la copropiedad desde 2024.
Autoridad advierte posibles riesgos para consumidores
La compañía igualmente deberá entregar a la administración del conjunto los informes de visitas técnicas realizadas desde enero de 2025, las pólizas de estabilidad de obra vigentes y las acciones previstas para atender las situaciones identificadas.
La SIC estableció que las medidas deberán ser cumplidas en plazos que oscilan entre cinco y veinte días hábiles contados a partir de la comunicación de la orden.
La entidad precisó además que contra la decisión administrativa no procede recurso alguno y advirtió que el incumplimiento de las órdenes podría derivar en sanciones contempladas en la Ley 1480 de 2011.
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