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El Gobierno presentó en el Congreso el proyecto de Ley de Financiamiento (reforma tributaria) con el que espera recaudar 26,3 billones de pesos para el presupuesto del próximo año. La propuesta incluye modificaciones en el impuesto de renta y patrimonio, ajustes al IVA que amplían la lista de bienes y servicios gravados, y cambios en tributos al consumo.
Entre los puntos centrales están el IVA a combustibles, parqueaderos y juegos de azar, así como la inclusión de licores y vinos con tarifa general. También se contempla el fortalecimiento del impuesto al carbono, nuevos impuestos a productos asociados a la salud y un esquema de renta más progresivo para personas naturales y jurídicas.
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El proyecto inicia su trámite legislativo en la Cámara de Representantes, donde se discutirá la viabilidad de cada medida y su impacto en las finanzas públicas y en los consumidores.
IVA y consumo
La iniciativa amplía la base del IVA a nuevos bienes y servicios. Entre ellos se incluyen los juegos de suerte y azar, las cuotas de administración en propiedad horizontal no residencial y los servicios de parqueadero.
En combustibles, la gasolina y el ACPM tendrán un IVA del 10% en 2026 y 2027, con transición hacia la tarifa general en 2028. Los biocombustibles y alcohol carburante también entran en el esquema gradual.
Los licores, vinos y aperitivos se gravarán con la tarifa general de IVA, de la cual 5 puntos serán cedidos a los departamentos para financiar salud.
Algunos bienes básicos como trigo, arroz industrial, aceites crudos vegetales, azúcar, café, pastas y panadería conservarán una tarifa reducida del 5%.
En materia de consumo, se establece un impuesto del 19% para servicios de entretenimiento, culturales, deportivos y de esparcimiento superiores a 10 UVT. Además, los vehículos familiares, camperos y pick-up estarán gravados según su valor FOB: 8% para los menores a USD 30.000 y 19% para los de mayor valor.
Renta y patrimonio
Las instituciones financieras, aseguradoras y comisionistas de bolsa tributarán con una tarifa de renta del 50%. Para el sector de petróleo y carbón se establecen recargos adicionales entre 0% y 15%, según la evolución de los precios internacionales (Brent y API2).
En personas naturales residentes, se introducen nuevas tarifas marginales hasta el 41% para ingresos altos, junto con un ajuste de las tablas de retención en la fuente que aplicará desde julio de 2026.
Se consolida el impuesto al patrimonio, aplicable desde los 40.000 UVT (aproximadamente $1,8 mil millones), con tarifas progresivas entre 0,5% y 5%.
Ganancias ocasionales y dividendos
La reforma establece que la enajenación de activos fijos solo será considerada ganancia ocasional si la posesión es de cuatro años o más.
Las herencias, donaciones, rifas, loterías y apuestas tendrán una tarifa del 30%.
En el caso de dividendos pagados a no residentes, la tarifa pasa al 30%.
Impuestos ambientales
Se crea un impuesto especial del 1% sobre la extracción de hidrocarburos y carbón.
El impuesto nacional al carbono tendrá un valor de $42.609 por tonelada de CO₂ desde 2026, con gradualidad en el caso del carbón hasta alcanzar la tarifa plena en 2029. En las zonas amazónicas y del Chocó, la gasolina y el ACPM quedarán exentos.
Adicionalmente, se promueven incentivos para inversiones en energías renovables, gestión eficiente de energía y proyectos de transición energética mediante bonos que permitirán deducir hasta el 50% de dichas inversiones.
Otras disposiciones
El proyecto contempla reglas de marcación de precios y un periodo de transición hasta 2026.
La DIAN recibirá mayores facultades en fiscalización y control.
El Ministerio de Hacienda argumenta que la reforma es necesaria para garantizar la sostenibilidad fiscal y el cumplimiento de compromisos de deuda pública, mientras gremios financieros y minero-energéticos advierten que la mayor carga tributaria puede impactar la inversión y el crecimiento económico.
