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La Defensoría del Pueblo solicitó a la Sala Plena de la Corte Constitucional convocar una audiencia pública para discutir la reforma pensional contenida en la Ley 2381 de 2024.
En la solicitud, la defensora Iris Marín argumentó que era necesario abrir un espacio de debate amplio, dado que diversos sectores sociales se verían directamente afectados por los cambios propuestos en la ley.
La Defensoría destacó la importancia constitucional de la reforma, señalando que su impacto en los derechos a la seguridad social y a la pensión de los trabajadores, beneficiarios y cotizantes, justifica la necesidad de someterla a un análisis exhaustivo.
Uno de los puntos centrales de la solicitud fue la participación de los grupos sociales históricamente excluidos del sistema de seguridad social, como las comunidades indígenas, afrocolombianas, raizales, palenqueras, campesinas y los trabajadores informales.
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La Defensoría consideró que la reforma podría beneficiar a estos sectores mediante la ampliación de la cobertura en la protección de la vejez, a través de la renta solidaria, la renta vitalicia y la pensión, de acuerdo con las medidas de diferenciación positiva previstas en la ley.
Asimismo, la entidad sugirió que la Corte Constitucional que invite a diversas organizaciones a presentar sus posturas durante la audiencia, entre ellas, la Organización Nacional Indígena de Colombia (Onic), la Confederación de Pescadores Artesanales (CONAPACH), la Central Unitaria de Trabajadores de Colombia (CUT) y la Asociación de Pensionados de Colombia, entre otras.
Iris Marín solicitó que se escuchen las voces de todos los sectores afectados, ya que la reforma tiene un impacto significativo en la protección de los derechos de las personas en situación de vulnerabilidad, tal como lo establece la Constitución.
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Además, pidió que la Corte considere las propuestas de los grupos mencionados y de cualquier otro sector que considere pertinente para la resolución del debate constitucional.
Cabe recordar que la reforma pensional se encuentra en discusión en la Sala Plena de la Corte Constitucional, a la espera de la opinión del nuevo procurador general, Gregorio Eljach, sobre su exequibilidad.
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