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Hay preocupación en la región Caribe por el borrador de una resolución del Ministerio de Minas y Energía, el cual plantea cobrarle a los usuarios del país $8 por kilovatio, para cubrir la deuda general de $2.5 billones de la empresa de energía Air-e, con operaciones en Atlántico, Magdalena y La Guajira.
De acuerdo con Norman Alarcón, coordinador de la Liga Nacional de Usuarios en la costa norte del país, este es un tema delicado y no hay una justificación para que el Gobierno le cobre a los ciudadanos, la crisis de la compañía.
“Pero ahora bajo el gobierno actual no ha habido, por parte del fondo empresarial y de la Superservicios, una política para resolver esa insolvencia como debe ser. Por lo tanto, rechazamos de manera rotunda que le quieran meter la mano al bolsillo a los usuarios, que le quieran aplicar esta sobretasa para recaudar más de dos billones de pesos, que es la deuda de Air-e con los generadores de energía térmica y con los transmisores a nivel nacional de la energía; energía que los usuarios de Air-e ya pagamos y ahora se la quieren cobrar prácticamente otra vez”, manifestó Alarcón.
Por su parte, Javier Lastra, experto en temas energéticos y exgerente de Afinia (con operaciones en Sucre, Cesar, Córdoba y Bolívar)señaló que este cobro impactaría directamente a los hogares, al disminuir los ingresos que apenas se ajustaron con el incremento del salario mínimo.
“Es una alerta y una alarma para los usuarios empezando el año, con un salario mínimo incrementado ahora resulte que se venga a ver disminuido por un aumento de la tarifa, para aquellos que estaban felices porque el salario mínimo se le incrementó. Es una situación compleja; yo soy partidiario que en la solución estructural se piense vincular a todos los actores del sistema”, añadió.
¿Qué dice el ministro de Minas?
Entre tanto, Edwin Palma, ministro de Minas, defendió este proyecto de resolución, como un mecanismo para democratizar la deuda de la compañía. “Este problema no solo le compete a los costeños, sino también a todos los colombianos. Recibimos un sistema al límite; empresas quebradas que se las dieron a privados, deudas acumuladas y riesgo real de apagones. No actuar era condenar al país a una crisis eléctrica”, expresó.
