El Ministerio de Agricultura pidió a Finagro analizar si la entrega de un crédito agropecuario revelada por una investigación periodística corresponde a un hecho aislado o a una práctica sistemática dentro del sistema de financiamiento rural.
Luego de la publicación del periodista Daniel Coronell sobre un crédito otorgado a Juan José Lafaurie Cabal, el Ministerio de Agricultura informó que solicitó a Finagro evaluar si los hechos descritos podrían indicar una forma recurrente de estructuración de proyectos que induzcan al error al sistema de financiamiento agropecuario.
En su pronunciamiento, la cartera señaló que el análisis busca establecer si se trata de actuaciones individuales o si existe una práctica más amplia en la asignación de recursos. “Se ha solicitado a Finagro analizar si los hechos descritos corresponden a actuaciones aisladas o a la configuración de una práctica sistemática”, indicó el Ministerio.
La entidad agregó que, con base en esa revisión, la información disponible será puesta en conocimiento de los organismos competentes. “Pondremos en conocimiento de las autoridades toda la información disponible para que se adelanten las investigaciones correspondientes y se determinen las responsabilidades a que haya lugar”, señaló.
El Ministerio también recordó que en años anteriores los instrumentos de fomento agropecuario beneficiaron principalmente a grandes productores, lo que generó dificultades de acceso para pequeños campesinos.
Según la cartera, esta situación fue objeto de correcciones en la actual administración, con el objetivo de mejorar la distribución de los recursos públicos.
En ese contexto, resaltó el papel de Finagro como administrador de los fondos destinados al sector rural y responsable del seguimiento a su colocación. “Los recursos son limitados y deben asignarse correctamente”, subrayó el Ministerio, al insistir en la necesidad de monitoreo, verificación y control dentro del sistema de financiamiento agropecuario.
La reacción oficial se produce tras la investigación que reveló que el crédito fue tramitado como pequeño productor, pese a que el beneficiario pertenece a una familia con amplia trayectoria en el sector ganadero.
El caso ha generado debate público por el uso de incentivos diseñados para productores con mayores restricciones de acceso al crédito.
Según la investigación periodística, el 22 de abril de 2024 Juan José Lafaurie Cabal se presentó ante una entidad bancaria en el departamento del Cesar como pequeño productor y, con base en certificaciones que reportaban activos e ingresos dentro de los límites exigidos, obtuvo ese mismo día un crédito de redescuento por $400 millones.
Lo anterior respaldado en un 80 % por el Fondo Agropecuario de Garantías, para un proyecto de siembra de palma de aceite en un predio de la Hacienda Guadalajara, propiedad de Inversiones Lafaurie Cabal S.A.S..
Al financiamiento se sumó la solicitud del Incentivo de Capitalización Rural (ICR) por el monto máximo permitido y, posteriormente, el 27 de noviembre de 2024, Finagro abonó más de $95 millones al crédito, reduciendo el saldo de la deuda y trasladando parte del costo al Estado, pese a que el beneficiario no correspondería al perfil tradicional de pequeños productores.
Por ahora, el Ministerio de Agricultura insiste en que será la revisión técnica y las autoridades competentes las que determinen si hubo irregularidades y si existen responsabilidades derivadas de este proceso.