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En su columna del diario El Espectador, Acosta sostiene que "el Gobierno incluirá en el proyecto de ley que busca modificar el marco normativo de contratación pública y de infraestructura un “artículito” que, en palabras del propio Gobierno, busca “blindar a bancos en financiamiento de obras de 4G”".
Escuche la entrevista con Acosta:
Esta es la columna de Acosta, tomada de El Espectador:
"Buscan socializar riesgos bancarios
Alerta: la próxima semana el Gobierno incluirá en el proyecto de ley que busca modificar el marco normativo de contratación pública y de infraestructura un “artículito” que, en palabras del propio Gobierno, busca “blindar a bancos en financiamiento de obras de 4G”.
Según el nuevo director de la Agencia Nacional de InfraesAtructura (ANI), acompañado por la cuestionada Financiera de Desarrollo Nacional (FDN), “este ejercicio busca darles mayor certeza y tranquilidad a los bancos para que sigan financiando las 4G”. Para la Cámara Colombiana de Infraestructura, gremio que aglutina a los constructores que buscan desesperadamente financiación, “este artículo les va a dar mucha tranquilidad a los bancos para que puedan financiar nuevos proyectos”.
¿Qué significa blindar, tranquilizar o dar mayor certeza a los bancos?: Nada más ni nada menos que reducirles el riesgo de perder lo que presten a los constructores y/o estructuradores de los proyectos de obras de infraestructura de cuarta generación (4G). Pero en materia financiera los riesgos no desaparecen, se evitan o se trasladan. Se propone que, en caso de una terminación anticipada por nulidad del contrato, la entidad estatal pague todo al “proyecto” o patrimonio fiduciario que lo represente, sin importar que el contratista gestor sea un bandido. Separa el proyecto del contratista, como si este no lo hubiera armado. Muy ingeniosos, pues será el patrimonio fiduciario quien siga pagando al banco, sin importar si su estructurador es un corrupto.
Modificar así el artículo 32 de la Ley 1508 de 2012, busca legalizar la salida con la que, en una turbia y desesperada maroma jurídica (Resolución 5216 de 2017), el superintendente de Industria y Comercio le salvó casi medio billón de pesos y la posibilidad de seguir contratando con la Nación al Grupo Aval, comprometido por las confesiones de la corrupta Odebrecht.
Este no es el primer acto para socializar riesgos bancarios para asegurar sus utilidades: Con el Decreto 1385 del año 2015 se autorizan los inconvenientes autopréstamos con los ahorros privados de pensiones y ya se empiezan a utilizar los recursos de la venta de Isagen para hacer préstamos o dar garantías financieras que ningún banquero prudente otorgaría. Lo grave es que los congresistas aprueben esta trampa en la ley y sean complacientes con complejas estructuras de la corrupción que tal vez ni entiendan."
