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El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ordenó este viernes que se investigue si las acciones de Triple A, la empresa de servicios públicos de Barranquilla que hasta 2018 fue manejada por Inassa, filial en Latinoamérica de la española Canal de Isabel II, se vendieron por debajo de su precio real.
"He ordenado bajo mis funciones constitucionales a la Superintendencia de Servicios Públicos realizar un estudio de valoración de la empresa Triple A de Barranquilla para determinar si las acciones de dicha empresa se vendieron por debajo de su valor", publicó Petro en su cuenta de Twitter.
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Las acciones de la empresa hoy están en poder de la Sociedad de Activos Especiales (SAE), una entidad del Ejecutivo que administra y gestiona activos provenientes de actividades ilícitas, situación en las que estaban las acciones de Triple A luego de ser sometidas en 2018 a un proceso de extinción de dominio por parte de la Fiscalía colombiana.
La expropiación de las acciones de Triple A ocurrió cuando se llevaba a cabo un proceso de colaboración de la Fiscalía con la justicia española en la investigación por el escándalo denominado "Operación Lezo", por el pago de coimas y comisiones por el que fue detenido el expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González.
VENTA DE LAS ACCIONES
En diciembre de 2021, durante el Gobierno de Iván Duque, se anunció por parte del alcalde de Barranquilla, Jaime Pumarejo, la venta del 82,1 % de las acciones de Triple A que estaban en poder de la SAE, por 565.000 millones de pesos (unos 118 millones de dólares de hoy) a la empresa Alumbrado Público de Barranquilla (hoy K-yena), bajo la figura de "enajenación temprana".
Al asumir Petro la Presidencia de Colombia, la SAE se opuso a la venta de las acciones, por lo cual Pumarejo declaró que dicha entidad "está incumpliendo, de manera arbitraria, el contrato de compraventa con la empresa de economía mixta K-yena, en la cual el Distrito de Barranquilla tiene participación mayoritaria".
Por esa razón, la venta de las acciones de la compañía no se ha oficializado y la SAE, en su disputa con K-yena, cambió esta semana a todos los miembros de la junta directiva de Triple A que eran favorables a la operación de venta de las acciones.
A esta disputa que enfrenta al Gobierno de Petro con la Alcaldía de Barranquilla se suma la denuncia contra Colombia que interpuso Canal de Isabel II, por medio de su filial Canal Extensia, ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (Ciadi), organismo del Banco Mundial dedicado al arreglo de diferencias sobre inversiones internacionales.
La empresa española sostiene en la denuncia presentada el pasado 26 de diciembre que sus inversiones en Triple A fueron expropiadas ilegalmente por el Gobierno de Colombia, por lo que ahora se inicia un proceso de arbitraje internacional.
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Según la denuncia de Canal Isabel II contra el Gobierno de Colombia, la enajenación temprana se realizó "sin la más mínima transparencia y en violación de las garantías básicas del debido proceso".
"Quebranta gravemente las obligaciones que Colombia adquirió en virtud del Acuerdo entre el Reino de España y Colombia para la Promoción y Protección Recíproca de Inversiones, firmado en Bogotá el 31 de marzo de 2005 y en vigor desde el 22 de septiembre de 2007", añade la denuncia.
