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El Gobierno nacional dio a conocer un nuevo marco tarifario para los servicios públicos de acueducto y alcantarillado dirigido a los grandes prestadores del país, es decir, aquellos que atienden a más de 5.000 suscriptores, en su mayoría ubicados en zonas urbanas.
La nueva regulación, adoptada mediante la Resolución CRA 1032 del 24 de marzo de 2026, define cambios en la metodología con la que se calculan las tarifas y fija criterios relacionados con costos, calidad del servicio, cobertura y sostenibilidad financiera.
De acuerdo con la cartera de vivienda, la medida será aplicada a empresas que concentran la mayor cantidad de usuarios del sistema. La normativa impacta a más de 30 millones de personas, lo que representa cerca del 60% de la población, y establece lineamientos para que los cobros correspondan a costos reales, verificables y asociados a la prestación efectiva del servicio.
Nuevos criterios para el cálculo de tarifas
El nuevo marco tarifario establece que las tarifas deberán definirse teniendo en cuenta variables como continuidad del suministro, calidad del agua, eficiencia operativa, cobertura y condiciones ambientales.
La regulación incluye disposiciones orientadas a evitar sobrecostos y a exigir mayor control en la gestión de recursos, además de promover inversiones en infraestructura, mantenimiento de redes y reducción de pérdidas en los sistemas de acueducto y alcantarillado.
El documento también incorpora reglas relacionadas con la gestión ambiental y la protección de las fuentes hídricas. En ese sentido, MinVivienda indicó que los prestadores podrán incluir dentro de la estructura tarifaria costos asociados a inversiones obligatorias y adicionales destinadas al cumplimiento de requisitos ambientales, siempre que dichas inversiones estén debidamente justificadas y cumplan con los criterios establecidos por la autoridad regulatoria.
La metodología adopta un enfoque que incorpora el acceso al agua potable y al saneamiento básico dentro de los criterios de prestación del servicio. Según el texto, la regulación busca mantener equilibrio entre la garantía del acceso para los usuarios y la sostenibilidad financiera de las empresas prestadoras, teniendo en cuenta las condiciones técnicas y económicas del sector.
Alcance para prestadores y entidades territoriales
La nueva metodología está dirigida a empresas con mayor número de usuarios y plantea un esquema regulatorio flexible, con el fin de ajustarse a diferentes condiciones territoriales, técnicas y operativas.
El documento señala que el modelo tarifario pretende establecer señales regulatorias claras para la planeación y ejecución de inversiones, así como para el control de costos y la mejora en los niveles de calidad y continuidad del servicio.
Según la información divulgada, la regulación también servirá como referencia para alcaldías y gobernaciones en la planeación del servicio de agua potable y saneamiento básico. Entre los objetivos mencionados se encuentran el cierre de brechas en cobertura, el mejoramiento de la calidad del servicio y el fortalecimiento de la gestión del sector, especialmente en ciudades donde operan grandes prestadores con mayor número de usuarios.
El marco tarifario incluye disposiciones relacionadas con el control y la supervisión de las empresas. La norma establece nuevas exigencias en materia de planeación, ejecución de proyectos, control de activos y reporte de información, con el fin de permitir seguimiento permanente por parte de las autoridades competentes.
Proceso técnico y etapa de consulta
El documento señala que la regulación fue elaborada durante un proceso técnico que se extendió por más de cinco años. Durante ese periodo se realizaron estudios económicos, análisis regulatorios y un proceso de consulta pública con participación de usuarios, empresas prestadoras, entidades territoriales, academia y organizaciones del sector.
De acuerdo con la información oficial, en la etapa de revisión se recibieron más de 1.600 aportes entre observaciones, comentarios y propuestas. Estos insumos fueron evaluados durante la construcción de la versión final del marco tarifario, junto con análisis sobre impactos financieros, necesidades de inversión y condiciones de operación de los sistemas.
El nuevo esquema también incluye lineamientos relacionados con retos como el crecimiento urbano, la gestión del recurso hídrico, la eficiencia energética y las condiciones ambientales.
En el documento se indica que las señales tarifarias deberán contribuir a garantizar la prestación continua del servicio y mejorar las condiciones de acceso para los usuarios atendidos por grandes prestadores.
