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Un análisis de Fedesarrollo evaluó el proyecto de decreto que modifica los tiempos de traslado de recursos pensionales y alertó sobre sus posibles efectos en las finanzas públicas, el mercado de capitales y la seguridad jurídica del sistema.
Cambios propuestos en el traslado de recursos
El 26 de febrero de 2026, el Ministerio del Trabajo presentó un proyecto de decreto que modifica la reglamentación de los traslados entre el Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad (RAIS) y el Régimen de Prima Media (RPM), en el marco de la reforma pensional adoptada mediante la Ley 2381 de 2024.
La propuesta plantea que los recursos acumulados en las cuentas individuales sean trasladados a Colpensiones en un plazo de 15 días hábiles tras la expedición del decreto, o dentro del mes siguiente a la decisión del afiliado de cambiarse de régimen.
Esto contrasta con lo establecido en la ley, que dispone que el traslado se realice cuando se consolide el derecho a la pensión.
El documento señala que “la propuesta no modifica las condiciones para acceder al traslado, pero sí pretende alterar el momento en que se realizan los traslados”.
Alcance de la reforma y población objetivo
La Ley 2381 estableció un régimen de transición para mujeres con al menos 750 semanas cotizadas y hombres con 900 semanas, así como una ventana de dos años para trasladarse de régimen a quienes estén a menos de diez años de la edad de pensión.
Según el análisis, los afiliados que opten por este traslado mantendrían sus recursos administrados por las AFP hasta pensionarse, tal como lo indica la ley vigente.
Sin embargo, el decreto propone modificar este punto al anticipar el traslado efectivo de los recursos.
Debate jurídico sobre la medida
El documento advierte que existe una discusión sobre la legalidad del decreto. Señala que “por el principio de jerarquía normativa, un decreto no puede modificar ni redefinir el contenido de una ley de la República”.
A pesar de esto, algunos expertos consideran que la medida podría tener sustento, debido a la suspensión de la entrada en vigor general de la reforma pensional por parte de la Corte Constitucional.
Bajo esa interpretación, seguiría aplicando en lo esencial la Ley 100 de 1993, que establece que los regímenes son excluyentes.
El análisis también indica que la motivación del decreto podría ser imprecisa, ya que los recursos no estaban diseñados para financiar gasto corriente, sino para fortalecer el ahorro de largo plazo a través del Fondo de Ahorro del Pilar Contributivo (FAPC).
Uso potencial de los recursos trasladados
Fedesarrollo aseguró que el traslado implicaría mover recursos desde un esquema de capitalización individual, hacia uno de reparto.
Actualmente, los fondos privados administran el ahorro mediante portafolios de inversión, mientras que Colpensiones depende en gran parte de transferencias del Presupuesto General de la Nación.
El documento señala que a febrero de 2025, más de 119.000 afiliados habían ejercido la opción de traslado, con un ahorro cercano a 25 billones de pesos.
Esa cifra equivale a cerca del 76% de las transferencias proyectadas para Colpensiones en 2026.
En este contexto, el análisis advierte que “existe un riesgo de que se utilicen para financiar el gasto pensional del periodo corriente”, lo que podría aliviar necesidades de caja en el corto plazo, pero aumentar las presiones fiscales en el futuro.
Referencias internacionales y riesgos fiscales
El documento menciona antecedentes en países como Argentina, Hungría y Polonia, donde los gobiernos utilizaron recursos de sistemas privados para enfrentar presiones fiscales.
Según el análisis, en el caso colombiano “la medida podría generar incentivos para utilizar estos recursos, con el fin de aliviar necesidades de caja en el corto plazo”, en medio de las actuales restricciones fiscales.
También se advierte que ese uso podría reducir los recursos destinados al FAPC, afectando la sostenibilidad del sistema pensional en el largo plazo.
Impactos sobre el mercado financiero
El análisis señala que una liquidación acelerada del portafolio de las AFP para cumplir con los plazos propuestos podría generar efectos en los mercados.
Los 25 billones de pesos representan cerca del 4,5% del portafolio total administrado por los fondos privados. Dado que gran parte de estos recursos está invertida en activos de mediano y largo plazo, su liquidación en un periodo corto implicaría presiones sobre los precios de los activos.
El documento señala que una venta significativa de títulos de deuda pública podría generar “presiones a la baja en sus precios y al alza en sus rendimientos”, lo que se traduciría en mayores tasas de interés y en un incremento del costo de financiamiento del Estado.
También se advierte sobre posibles efectos en el mercado de capitales, el financiamiento empresarial y la tasa de cambio, debido a la eventual venta de activos en el exterior.
Efectos macroeconómicos y ahorro
Desde el punto de vista macroeconómico, el análisis indica que si los recursos se destinan a gasto pensional corriente, se generaría un impulso adicional a la demanda en un contexto de brecha positiva del producto.
Esto, según el documento, podría dificultar el proceso de consolidación fiscal y deteriorar la tasa de ahorro de la economía.
Además, se menciona que la medida podría afectar la percepción de los inversionistas y el riesgo país, si se interpreta como una mayor intervención sobre el ahorro privado.
Conclusiones del análisis
Fedesarrollo concluyó que el proyecto de decreto plantea riesgos en varios frentes. Advirtió que el uso de estos recursos podría aumentar el gasto pensional futuro y reducir los ahorros destinados a respaldar el sistema.
También señala que modificar las reglas por vía reglamentaria podría afectar la credibilidad del sistema pensional y la confianza en su sostenibilidad.
Finalmente, el documento subraya que las dudas jurídicas sobre la competencia del Gobierno para expedir el decreto “incrementan la incertidumbre sobre el sistema pensional”, en un contexto en el que la reforma aún enfrenta revisión constitucional.
