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El Gobierno nacional, con la firma del presidente de la República y todos los ministros, expidió el Decreto Legislativo 0242 de 2026 en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica declarado por los efectos del fenómeno climático conocido como frente frío, que ha generado afectaciones en varios departamentos del país.
Según el decreto, las medidas buscan garantizar la prestación de los servicios públicos esenciales de gas combustible y energía eléctrica en Córdoba, Antioquia, La Guajira, Sucre, Bolívar, Cesar, Magdalena y Chocó.
En estas regiones se han presentado daños en infraestructura, interrupciones del suministro y dificultades financieras para usuarios y empresas prestadoras.
El documento señala que la situación ha provocado afectaciones en la prestación continua de los servicios, lo que obliga a adoptar medidas extraordinarias para evitar un mayor deterioro en las condiciones económicas y sociales de las zonas impactadas.
Medidas para el servicio de gas
El decreto establece que se podrán aplicar diferimientos en el pago de facturas hasta por 12 meses, prorrogables, así como facilidades para la reposición de conexiones internas en viviendas afectadas.
También se autoriza la no facturación en los casos en que el servicio no pueda prestarse por daños en las redes, y se habilitan alivios financieros para los usuarios damnificados que restablezcan el suministro.
De acuerdo con el Gobierno, estas decisiones se adoptan luego de situaciones como la suspensión del servicio en Montería, donde más de 16.800 usuarios quedaron sin gas por afectaciones en la infraestructura.
El decreto indica además que se darán lineamientos para ampliar la oferta de gas natural y reducir la dependencia del gas importado, cuyo costo supera al del gas nacional.
En el texto se señala que medidas similares han sido aplicadas en otras emergencias, como las adoptadas tras la avalancha de Mocoa en 2017 y durante la emergencia sanitaria de 2020, cuando se autorizaron diferimientos en el pago de servicios públicos.
Medidas para el servicio de energía eléctrica
El decreto advierte que el sistema eléctrico enfrenta presiones por la reducción en los niveles de los embalses, que pasaron de 80,29% en diciembre a 72,69% en febrero, lo que incrementa el riesgo de desabastecimiento.
También se menciona que los pronósticos climáticos internacionales advierten sobre la posible transición hacia condiciones asociadas al fenómeno de El Niño, lo que podría aumentar la demanda térmica y el costo de generación.
Por esta razón, el Gobierno otorgó facultades excepcionales a la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) para aplicar un esquema de liquidación de Obligaciones de Energía Firme al Precio de Escasez Inferior, con el fin de mantener la estabilidad del sistema y proteger a los usuarios regulados.
La medida tendrá una duración inicial de dos años, prorrogables, con el objetivo de evitar pérdidas en la generación termoeléctrica e hidroeléctrica y garantizar el suministro durante la emergencia.
Justificación constitucional
El decreto sostiene que las medidas cumplen los requisitos de finalidad, necesidad y proporcionalidad exigidos para los estados de excepción, al considerar que la interrupción de los servicios públicos afecta derechos fundamentales como la salud, la vida digna y el acceso a servicios básicos.
También se señala que los alivios económicos son necesarios para evitar el aumento de la morosidad y garantizar la sostenibilidad financiera de las empresas prestadoras, lo que permitiría mantener la continuidad del servicio.
El Gobierno cita decisiones previas de la Corte Constitucional en las que se avalaron medidas similares durante emergencias, al considerar que la intervención estatal es válida cuando se busca asegurar la prestación de servicios esenciales.
Alcance de las medidas
Con el Decreto 0242 de 2026, el Gobierno busca mitigar el impacto de la emergencia climática sobre los usuarios y el sistema energético, mediante diferimientos de pago, alivios tarifarios y ajustes regulatorios que permitan mantener la continuidad de los servicios públicos en las zonas afectadas.
La norma establece que las medidas se aplicarán principalmente a los hogares de menores ingresos y a las regiones con mayores daños en infraestructura, mientras se estabiliza la prestación del servicio y se superan las condiciones que dieron origen a la emergencia.
