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La presidenta de FedeSeguridad, Raquel Garavito, explicó la situación actual de las empresas de vigilancia frente a las tarifas reguladas por el Estado y los efectos de la reforma laboral, según lo dicho durante una entrevista en La FM. Su intervención se centró en los costos operativos, las obligaciones legales y las implicaciones laborales del sector.
¿Cómo funcionan las tarifas reguladas en la vigilancia privada?
Garavito señaló que “la tarifa en términos de vigilancia y seguridad privada está regulada por el Estado”, un esquema que fija un valor mínimo obligatorio para las empresas del sector.
Indicó que el mensaje del presidente sobre ajustar los precios por IPC o por oferta y demanda “induce a la ilegalidad”, porque ninguna compañía puede operar por debajo de ese piso. Añadió que tanto las empresas como los usuarios “pueden ser sancionados” si utilizan tarifas inferiores a las oficiales, lo que representa una responsabilidad compartida.
La presidenta explicó que cerca del 85% de la operación corresponde al componente humano, lo que impide reducir costos sin incumplir obligaciones. En sus palabras, si una empresa ofrece un servicio más económico, “eso significa que no están cumpliendo las normas laborales, o no hacen las supervisiones necesarias, o no tienen la capacidad tecnológica o de capacitación”. Señaló que es la Supervigilancia la entidad encargada de verificar el cumplimiento y aplicar sanciones cuando existan irregularidades.
¿Cuánto cuesta un puesto de vigilancia y qué cambios generó la reforma laboral?
Garavito indicó que un puesto de trabajo de 24 horas se compone de tres turnos. Sobre los costos actuales, afirmó que “un puesto de trabajo con arma el año pasado estaba alrededor de 15,300,000 pesos; hoy en día está cerca de 18,800,000 pesos”. Explicó que el incremento no se debe únicamente al salario mínimo, sino también a los cambios normativos que trajo la reforma laboral aprobada el año pasado.
Entre esos cambios mencionó la reducción de la jornada semanal de 48 a 42 horas, el aumento de las horas nocturnas y la variación en el reconocimiento de dominicales y festivos, que en julio tendrá un nuevo ajuste cercano al 90%. De acuerdo con su declaración, el aumento total para el sector “no es del 23%, sino que llega casi hasta el 31%” cuando se suman los efectos salariales y regulatorios.
Frente a las ofertas de servicios más económicos, recordó que tales diferencias pueden reflejar ausencia de seguros, falta de parafiscales o incumplimiento de las exigencias legales. También señaló que, debido al porte de armas, las empresas deben incluir seguros elevados dentro del costo del servicio, lo que explica parte de la estructura tarifaria.
En relación con la automatización, Garavito mencionó que algunos edificios han migrado hacia sistemas tecnológicos o modelos de conserjería. Indicó que esta tendencia podría generar efectos laborales, pues uno de los cálculos existentes estima que podrían llegarse a perder hasta 14,000 empleos por estos cambios, lo que significaría una transición desde la formalidad hacia la informalidad mediante la figura del “cuidandero”.
Finalmente, afirmó que “Colombia aún no está preparada para una migración total del esquema humano al tecnológico”, debido a que no todas las empresas cuentan con los equipos o sistemas necesarios.
