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La Contraloría General de la República confirmó que las operaciones realizadas por el Gobierno Nacional con títulos de deuda en diciembre de 2025 y enero de 2026, cumplieron los requisitos legales y estuvieron orientadas a mitigar el riesgo de liquidez de la Nación.
No obstante, alertó sobre la alta concentración de vencimientos de deuda a partir de 2029 y la limitada flexibilidad del Presupuesto General.
Venta de TES para enfrentar bajos niveles de liquidez
En su seguimiento al manejo presupuestal y a las operaciones de crédito público, la Contraloría revisó la venta de títulos de deuda interna realizada por el Ministerio de Hacienda ante los bajos niveles de depósitos de la Nación, que alcanzaron los $1,44 billones el 8 de diciembre de 2025.
Según el organismo, el Gobierno ejecutó una operación de tesorería que consistió en la venta de una parte del portafolio de TES B por $23,24 billones. La Contraloría señaló que la operación “cumplió con todos los requisitos legales y las autorizaciones correspondientes” y precisó que “no implicó la emisión de nueva deuda”.
El ente de control indicó que, aunque la compraventa de títulos es una práctica habitual, en este caso “lo que distingue la operación es el elevado monto transado”.
Depósitos bajos y presión presupuestal
La Contraloría explicó que el bajo nivel de los depósitos fue una constante durante 2025 y respondió a mayores pagos presupuestales, presionados por las reservas constituidas en 2024, que ascendieron a $61,7 billones, así como a ingresos corrientes menos dinámicos de lo previsto, tras la revisión a la baja de las metas tributarias.
Sobre la estructura de la operación, el informe detalla que una parte se recibió en dólares y otra en pesos. En total, ingresaron USD 5.000 millones, que se mantendrán inicialmente en el exterior y se monetizarán de forma gradual, y $3,87 billones que fortalecieron los depósitos locales de la Nación.
Emisión de bonos externos para 2026
Para la vigencia 2026, el plan financiero del Gobierno contemplaba la necesidad de USD 13.096 millones en crédito externo, de los cuales USD 9.000 millones se obtendrían mediante bonos globales. En ese marco, se realizó una emisión de bonos externos por USD 4.950 millones.
La Contraloría precisó que esta operación sí implica endeudamiento y permitirá cubrir parte de las necesidades de financiamiento incluidas en el Presupuesto General de la Nación aprobado por el Congreso.
El organismo señaló que la emisión “fue autorizada por la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público” y que “no excedió el cupo global de endeudamiento externo aprobado”, fijado en USD 87.607 millones.
Alerta por vencimientos concentrados en 2029
Aunque la Contraloría destacó que estas operaciones permiten que Colombia mantenga su historial de cumplimiento en el pago de la deuda, advirtió sobre los esfuerzos fiscales que se requerirán en los años 2029, 2031 y 2033.
Los nuevos bonos externos vencerán en esos años, lo que modifica el perfil de la deuda. El organismo de control llamó la atención sobre la alta concentración de pagos en 2029, cuando coincidirán los vencimientos de bonos globales con amortizaciones de TES B en pesos por $43,72 billones, TES B en UVR por $19,73 billones y Títulos de Solidaridad por $9,74 billones, creados durante la pandemia.
En conjunto, los pagos por amortizaciones en 2029 se estiman en cerca de $89,6 billones. Frente a este escenario, la Contraloría advirtió que “enfrentar esta concentración de pagos requerirá en los próximos años una fuerte gestión por parte del Ministerio de Hacienda”.
Deuda dentro de la regla fiscal
El informe también señala que entre diciembre de 2024 y septiembre de 2025, la deuda del Gobierno Nacional se redujo al pasar de 59,3 % del PIB al 57,8 % del PIB. Este nivel se mantiene dentro de los parámetros de la regla fiscal, que fija un tope de 71 % del PIB y un ancla de 55 %.
Para la Contraloría, en el mediano plazo la trayectoria de la deuda depende del crecimiento económico, las tasas de interés, la tasa de cambio y el desbalance fiscal. Asegurar su reducción, indicó, requiere “elevar el ritmo de crecimiento económico” y “disminuir la tasa de interés de la deuda”.
Presupuesto con margen limitado
El ente de control advirtió que la inflexibilidad del Presupuesto General de la Nación se ubica cerca del 93 %, lo que deja un margen de maniobra reducido. Según la Contraloría, si los ingresos y el recaudo no aumentan, las posibilidades de inversión social en los nuevos planes de desarrollo podrían verse comprometidas.
Los gastos de funcionamiento han representado entre el 55 % y el 62 % del presupuesto en los últimos años, con la excepción de 2020, cuando alcanzaron el 68 % debido a la pandemia.
