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En medio del congreso Andesco que se realiza en Cartagena, Carlos Hernán Rodríguez, contralor general de la República, lanzó una advertencia contundente al Gobierno Nacional por el congelamiento de más de 428.000 millones de pesos al sector defensa, en medio de una creciente ola de violencia en distintas regiones del país.
Durante una intervención oficial, Rodríguez expresó su “preocupación extrema” por lo que calificó como una afectación crítica y desproporcionada a la operatividad de la Fuerza Pública, derivada de la aplicación del Decreto 0069 de 2025, mediante el cual se aplazó parte del presupuesto general de la Nación.
“Esta decisión, si bien se inscribe dentro de la estrategia de ajuste fiscal, está generando una afectación crítica a la operatividad de la fuerza pública, en contravía de la responsabilidad del Estado de garantizar el orden público, la seguridad ciudadana y la integridad territorial”, aseguró el jefe del órgano de control.
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El contralor fue enfático en señalar el caso del Ejército Nacional, al que le fueron congelados 152 mil millones de pesos, comprometiendo gravemente funciones esenciales como el sostenimiento de unidades en territorio, operación y mantenimiento de aeronaves y equipos estratégicos, inteligencia militar, servicios públicos de unidades operativas, y programas de formación.
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Rodríguez alertó que estas limitaciones ponen en riesgo la capacidad de respuesta del Estado ante amenazas reales a la seguridad nacional, particularmente en zonas donde la presencia institucional es indispensable para garantizar la estabilidad del país.
“El fortalecimiento institucional no es negociable. La seguridad no admite aplazamientos. El presupuesto de defensa no puede ser la variable de ajustes de coyunturas fiscales complejas”, subrayó.
En su intervención, el contralor hizo un llamado urgente al Ministerio de Hacienda y al Gobierno Nacional para descongelar de inmediato los recursos asignados al sector defensa. Advirtió que, aunque comprende la necesidad de consolidar una estrategia fiscal responsable, esto no debe hacerse a costa de debilitar las funciones esenciales del Estado.
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“La Contraloría seguirá ejerciendo su función de vigilancia fiscal, insistiendo en que la eficiencia y la eficacia deben coexistir para garantizar la seguridad y la misión constitucional de la Fuerza Pública sin dilaciones”, puntualizó.
El pronunciamiento de Rodríguez se da en un contexto de recrudecimiento de la violencia en varias regiones del país, como el suroccidente, el Catatumbo y la región Caribe, donde grupos armados ilegales han incrementado su accionar, y donde, según diversas alertas de organismos de seguridad, la presencia estatal es insuficiente y frágil.
La declaración también cobra especial relevancia ante la proximidad del año electoral, que podría generar mayores tensiones territoriales y un mayor despliegue operativo por parte de las fuerzas militares.
Finalmente, el contralor reiteró su llamado a que el Gobierno priorice los recursos de defensa en la ejecución presupuestal del segundo semestre del año, para evitar un debilitamiento estructural y progresivo de las capacidades defensivas del país.
