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A un principio de acuerdo llegaron las partes intervinientes del proceso de compraventa de las acciones de la empresa de servicios públicos de Barranquilla Triple A en la mesa técnica citada por la Procuraduría.
Luego de casi cinco horas de reunión en la sede del órgano de control en Bogotá, el Distrito de Barranquilla, la Sociedad de Activos Especiales, la empresa Kyena y los accionistas minoritarios, acordaron el principio del camino que deberán seguir para evitar que se pierda patrimonio público y garantizar un correcto servicio para los barranquilleros.
Esta es la primera mesa de trabajo que realizan las partes intervinientes, en la que buscaron soluciones para el problema del contrato que causó la suspensión de Daniel Rojas como presidente de la SAE.
“Eso significa que se preserve el patrimonio público, que el gobierno pueda sentirse satisfecho con esas alarmas que había encontrado y que logremos encontrar un vehículo que sea más favorable para Barranquilla en el que la propiedad de la empresa sea 100 pública”, explicó Jaime Pumarejo, alcalde de Barranquilla.
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La estrategia para garantizar que se constituya una empresa pública adecuada es asociarse con Empresas Públicas de Medellín (EPM), que ya tiene experiencia en este tipo de contratos.
Sin embargo, EPM no es el único camino, cualquier empresa o entidad pública tiene la posibilidad de participar del proceso y hacer parte de la sociedad con el Distrito de Barranquilla para lograr que Triple A sea una empresa mayormente pública.
Las acciones ahora mismo están en manos de la empresa Kyena, que es la encargada de decidir qué sucederá y quien adquirirá las acciones, tal como lo indicaba el contrato inicial y con el mismo compromiso de ofrecer dichas acciones exclusivamente al sector público.
“La administración de esas acciones y la responsabilidad sobre lo que ocurra con las acciones de cara a una posible disputa judicial causada porque Inassa recupere las acciones, recae sobre la empresa Kyena y la SAE queda liberado de esta responsabilidad”, explicó Héctor Alfonso Carvajal, delegado de la SAE.
Durante la reunión no discutieron lo que sucederá con la sanción de Daniel Rojas, pues el procurador delegado para la conciliación explicó que esta es una discusión netamente administrativa y que el proceso disciplinario se adelanta en otro despacho.
