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El Gobierno colombiano anunció que a partir de las 6:00 de la tarde de este jueves 22 de enero, suspenderá las exportaciones de energía eléctrica hacia Ecuador, como respuesta al anuncio de imposición de aranceles del 30% y la suspensión del transporte de crudo colombiano y a productos de origen nacional.
El ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, explicó que la medida se adoptará tras la coordinación con los despachos del sistema eléctrico y las autoridades competentes. “Esperamos que la hora cero de esta decisión sea a partir de las seis de la tarde del día de hoy”, señaló.
"No es una medida que nos guste": Gobierno colombiano
Palma indicó que la suspensión de energía no es una decisión que el Gobierno colombiano hubiera querido tomar, pero afirmó que responde a acciones unilaterales que afectan acuerdos vigentes entre ambos países.
“No es una medida que nos guste ni que queramos, porque hemos venido ampliando la oferta de energía hacia el pueblo ecuatoriano, pero es una respuesta a una medida de agresión del gobierno ecuatoriano”, afirmó.
El ministro insistió en que la decisión no está dirigida contra la población ecuatoriana y reiteró el llamado a restablecer los canales diplomáticos. “Creemos en la integración, en la cooperación y en el diálogo, no en una guerra arancelaria”, sostuvo.
Fronteras, narcotráfico y combustibles
Durante su intervención, Palma también se refirió a las acciones adoptadas por el Gobierno colombiano para limitar el uso de combustibles en actividades ilegales, especialmente en zonas de frontera.
En ese sentido, señaló que se han reforzado controles para evitar que la gasolina sea utilizada en la producción de drogas ilícitas. “Hemos apretado en las fronteras, no solo en el sur del país, también en el Catatumbo y en La Guajira”.
Añadió que estas medidas se desarrollan de manera articulada con el sector defensa y hacen parte de los esfuerzos conjuntos para combatir el narcotráfico y la criminalidad en las zonas fronterizas.
Transporte de crudo y opciones logísticas
El ministro recordó que desde diciembre del año pasado el transporte de crudo colombiano a través de Ecuador ha enfrentado restricciones, en parte por cierres fronterizos.
En ese contexto, planteó la necesidad de evaluar alternativas. “Habrá que abrir una oportunidad para restablecer el oleoducto transandino y revisar los puertos que tenemos cerca para movilizar ese crudo”, indicó.
Explicó que en este proceso será necesario analizar el impacto para los distintos actores del sector, tanto públicos como privados, incluidos operadores del mercado petrolero.
Impacto económico y mercado eléctrico
Frente a las preguntas sobre eventuales pérdidas económicas para Colombia, Palma señaló que no se trata de una afectación directa para el Gobierno nacional, debido a que los despachos de energía dependen de la demanda horaria.
“No es que pierda Colombia como gobierno, pero sí habrá una afectación en la prestación del servicio de energía eléctrica en Ecuador”, afirmó.
El ministro subrayó que la medida adoptada por Colombia debe entenderse como un acto de reciprocidad y no como una retaliación. “No puede hablarse de retaliación; es una medida de reciprocidad frente a una agresión que rompe acuerdos internacionales de manera unilateral”, señaló.
Emergencia económica y subsidios
Palma también hizo referencia al decreto expedido en el marco de la emergencia económica, publicado en la madrugada de este martes, que incluye medidas orientadas a garantizar la prestación del servicio de energía eléctrica, en especial en la región Caribe.
Indicó que esas decisiones están relacionadas con el déficit de recursos para cubrir subsidios y con la negativa del Congreso a aprobar una ley de financiamiento. “Tenemos una deuda en materia de subsidios y estas medidas buscan darle caja al sector eléctrico para evitar riesgos en la prestación del servicio”, explicó.
Finalmente, el ministro aseguró que la oferta de energía para el mercado interno está garantizada y descartó que el Gobierno colombiano tenga una posición sobre una eventual influencia de Estados Unidos en las decisiones del Gobierno ecuatoriano, al señalar que la política exterior corresponde al presidente de la República y a la Cancillería.
