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Durante una audiencia pública convocada por la Corte Constitucional en el marco del Auto 1666 de 2025, el contralor general de la República, Carlos Hernán Rodríguez Becerra, afirmó que los recursos asignados al Catatumbo, bajo el Estado de Conmoción Interior, han resultado insuficientes frente a las necesidades de la región.
Según el informe presentado, de los $2,78 billones destinados, se ha ejecutado cerca del 50%. La apropiación vigente asciende a $2,76 billones, con una ejecución del 62,37% en compromisos, 25,8% en obligaciones y apenas 24,7% en pagos.
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Entre enero y octubre de este año se celebraron 22.473 contratos por $1,94 billones, pero solo 55 de ellos están directamente relacionados con la atención de la conmoción interior y la crisis humanitaria en esa región.
“El Catatumbo sigue siendo un espejo de las deudas históricas del Estado colombiano”, señaló Rodríguez, quien también advirtió que pese a algunos avances en educación y atención humanitaria, persisten rezagos en infraestructura, vivienda y formalización de tierras.
Durante su intervención, el contralor general anunció tres medidas para reforzar el control fiscal en la zona:
- La creación del “Tablero de Control Catatumbo”, una herramienta pública en línea que permitirá seguir la trazabilidad financiera y física de cada peso invertido. “La paz no se decreta: se construye con inversión responsable, con control social y con transparencia, protegiendo lo que es de todos”, dijo.
- La implementación de auditorías integrales con enfoque diferencial, que incluyan el impacto de la inversión en mujeres, comunidades indígenas Bari, campesinos y población víctima.
- La instalación de una Mesa Permanente de Seguimiento Fiscal, con participación de la Procuraduría, la Defensoría del Pueblo y representantes comunitarios. Esta mesa operará bajo la figura de control preventivo y concomitante.
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En el seguimiento territorial realizado en Cúcuta, líderes locales coincidieron en que “el problema del Catatumbo no es la falta de un plan, sino una crisis de ejecución”.
Rodríguez concluyó que el objetivo es garantizar que los recursos lleguen efectivamente a quienes más los necesitan y que se eviten riesgos de corrupción o ineficiencia.
