Cargos públicos no son para defraudar ni dejarse sobornar: SIC tras sanción en caso Odebrecht

El superintendente Andrés Barreto aclaró en La FM qué pasa con el dinero de esta millonaria multa.
Andrés Barreto, superintendente de Industria y Comercio
Andrés Barreto, superintendente de Industria y Comercio Crédito: Twitter @sicsuper

Una histórica multa millonaria impuso la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) en el marco de la investigación por el caso Odebrecht, un entramado de corrupción que salpicó a 11 países, donde la compañía logró con el pago de sobornos quedarse con contratos de licitaciones públicas.

En este caso, la SIC impuso una sanción que asciende a 295.000 millones de pesos contra dos empresas de Odebrecht, Corficolombiana, Episol y la Concesionario Ruta del Sol. Es la multa más alta impuesta por esa Superintendencia.

En diálogo con La FM, el superintendente de la SIC, Andrés Barreto, calificó el caso como icónico porque envía un mensaje a los corruptos de no incurrir en estas prácticas, especialmente a los funcionarios públicos de que dejarse sobornar les saldría caro.

“Sirve para que la gente entienda que los cargos públicos no son para defraudar, ni dejarse sobornar o corromper. Segundo, que las consecuencias si no delatan y finalmente son descubiertos son de montos altísimos en multas, sin perjuicio a que después la Fiscalía adelante un proceso penal por la colusión en licitaciones públicas”, aseveró.

Esto al referirse a la sanción millonaria que le fue impuesta al exviceministro de Transporte, Gabriel García Morales, de 26.000 millones de pesos, pero que se salvó de pagar tras delatar el caso de corrupción.

¿Ese dinero dónde termina?

El alto funcionario aclaró que el dinero que impone en multas la SIC a esas empresas y personas naturales va a parar al tesoro de la Nación, es decir al Ministerio de Hacienda. “Las multas no son de la Superintendencia”, agregó.

¿Empresas quedan inhabilitadas para contratar con el Estado?

Barreto indicó que la SIC no es la encargada de imponer una inhabilidad para no poder contratar en el país, sino que esto lo decide un juez penal o contencioso administrativo.

Por ello, aclaró que actualmente el único sancionado para operar es Odebrecht durante 10 años, debido a que la Procuraduría puso una acción popular en su contra, pero las demás empresas solo estarían inhabilitadas mientras paguen la multa.

“Nosotros llegamos hasta imponer la multa e informar que, hasta tanto no paguen la sanción, no se pueden presentar a procesos licitatorios”, concluyó.


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