El Comité Autónomo de la Regla Fiscal (CARF) advirtió que el escenario fiscal planteado por el Gobierno en el Plan Financiero de 2026 carece de mecanismos claros para garantizar la reducción del gasto y, por tanto, resulta “poco creíble”.
En su Pronunciamiento Nº 19, el organismo señaló que, aunque el plan oficial proyecta una disminución del déficit primario a 2,1% del PIB, “el faltante de recursos para cumplir con la meta fiscal en 2026 del Gobierno es de COP 32,1 billones (1,6% del PIB)”, lo que comprometería la sostenibilidad de las finanzas públicas.
Señales de alerta en 2025
El CARF recordó que en 2025 el déficit primario alcanzó 3,5% del PIB, el más alto en tres décadas fuera de periodos de crisis. “El desbalance fiscal es insostenible y persistente”, indicó el Comité, al subrayar que los ingresos fueron sobrestimados y los gastos subestimados en el Marco Fiscal de Mediano Plazo.
Aunque las operaciones de manejo de deuda redujeron temporalmente la deuda neta a 58,5% del PIB, el organismo advirtió que “ahora el esfuerzo fiscal para estabilizarla en los niveles actuales y para retornar al cumplimiento de la Regla Fiscal es mayor”.
El escenario oficial para 2026
El Plan Financiero del Gobierno prevé que el déficit total se reduzca a 5,1% del PIB y que la deuda neta se ubique en 58,7%. Para lograrlo, contempla una caída del gasto primario a 18,2% del PIB, frente al 19,9% registrado en 2025.
Sin embargo, el CARF cuestionó la viabilidad de esa meta: “La presentación de actualización del PF y el documento técnico del Gobierno no detallan la magnitud en la que cada instrumento contribuiría a la reducción del gasto”.
Según el Comité, el ajuste adicional de COP 25,1 billones estaría respaldado por un decreto de aplazamiento y un control estricto del PAC, pero “a la fecha el Gobierno no ha anunciado la fecha, el monto ni la composición del decreto de aplazamiento”.
Riesgos adicionales
El organismo también advirtió que, en un escenario con riesgos adversos, el déficit primario podría aumentar a 4,2% del PIB y la deuda neta a 60,7%. Entre los factores de presión se encuentran el impacto del aumento del salario mínimo (0,3% del PIB), la reforma laboral (0,2% del PIB) y la eventual entrada en vigor de la reforma pensional, dependiendo de la decisión de la Corte Constitucional (0,2% del PIB).
Por el lado positivo, el CARF reconoció que precios del petróleo superiores a los previstos por el Gobierno (USD 79 frente a USD 59,2 por barril) podrían aliviar las cuentas fiscales.
Ajuste ineludible
El Comité concluyó que “reencauzar las finanzas públicas hacia una trayectoria sostenible en el corto y mediano plazo se hace cada vez más retador”. El ajuste requerido frente a 2025 para estabilizar la deuda neta se estima entre 3,5 y 4,5 puntos del PIB.
En ese sentido, el organismo insistió en la necesidad de que Gobierno, Congreso y sociedad civil acuerden reformas con efectos permanentes para aumentar ingresos o reducir gastos. “Es imprescindible que se adopten medidas estructurales para incrementar ingresos o reducir gastos de manera permanente”, subrayó el pronunciamiento.