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El director ejecutivo de Fedesarrollo, Luis Fernando Mejía, dijo en La FM su estimación sobre el ajuste del salario mínimo para 2026 y explicó los factores económicos que, a su juicio, deben orientar la negociación. Señaló que el incremento adecuado estaría “entre el 6 y el 6,5%”, basado en inflación y productividad.
¿Cuál debería ser el aumento del salario mínimo según Fedesarrollo?
Mejía indicó que el primer elemento para definir el ajuste es la inflación, debido a la obligación de preservar el poder de compra de los trabajadores. Recordó que la cifra anual a octubre fue de 5,51% y afirmó que las expectativas del mercado apuntan a un cierre “entre el 5,12% y el 5,3%”, lo que, en sus palabras, “ya da un piso para el incremento”, considerando la sentencia constitucional que exige proteger ese ingreso.
El segundo factor que mencionó fue la productividad, con base en las cifras divulgadas por el DANE. Explicó que la productividad total de los factores alcanzó 0,9%, mientras que la productividad por persona empleada registró una variación de –0,32%, debido a que el crecimiento del empleo, “alrededor del 3,6%”, superó el avance de la actividad económica, reportado en 2,9% hasta el tercer trimestre.
Bajo esas cifras, el director de Fedesarrollo afirmó que un ajuste que supere el rango señalado podría generar efectos como los observados este año, entre ellos mayores presiones sobre la inflación. Sobre este punto afirmó: “Llevamos cuatro meses consecutivos de aumento en la tasa de inflación”, lo que atribuyó, en parte, al incremento de los costos laborales formales.
¿Qué efectos tendría un aumento del salario mínimo de dos dígitos?
Consultado por la posibilidad de que el Gobierno decrete un incremento cercano a los dos dígitos, Mejía señaló que la discusión tiene componentes técnicos y políticos, especialmente en un contexto preelectoral. Indicó que una decisión de esa magnitud podría utilizarse como plataforma de campaña, pero enfatizó que generaría consecuencias similares a las observadas en 2024.
El entrevistado reiteró que un aumento elevado del salario mínimo incidiría en el comportamiento de los precios. Para ilustrarlo, citó el caso de un microempresario que debe asumir no solo el incremento salarial, sino también los costos derivados de la reciente reforma laboral. Según Mejía, ese empleador, con márgenes de rentabilidad entre el 2% y el 3%, se ve obligado a trasladar el mayor costo al consumidor final.
En cuanto al empleo, afirmó que este año se evidenció un cambio en la composición del mercado laboral. Indicó que el 66% de los nuevos empleos observados en octubre correspondió a ocupaciones informales, una proporción que, según dijo, “no pasaba hace mucho tiempo”. Sostuvo que, tradicionalmente, el país registraba cerca de 85% de empleo formal en la nueva generación laboral.
Mejía concluyó que si en 2026 se decreta un aumento “de dos dígitos”, el país podría enfrentar nuevamente los mismos efectos: presiones inflacionarias y deterioro en la calidad del empleo. Añadió que estas dinámicas están vinculadas a los costos del empleo formal y su impacto en los precios y en la estructura del mercado laboral.
