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El auditor general de la República, Carlos Hernán Rodríguez Becerra, instaló este jueves el foro “El futuro del control fiscal en Colombia”, en el que realizó un balance del mismo y resaltó su importancia y las necesidades de su reestructuración para combatir la corrupción, la ineficiencia y procurar el bueno uso de los recursos públicos.
“Los resultados obtenidos por los organismos de control no son los más satisfactorios, por lo que se requiere con urgencia la realización de reformas de tipo estructural en el esquema de control de los recursos del erario, que permitan a las contralorías del país actuar con eficiencia y eficacia en la salvaguarda del patrimonio público”, afirmó Rodríguez Becerra.
Igualmente expresó que, para la Auditoría General de la República, la eliminación de las contralorías territoriales, como se ha venido planteando, no soluciona los problemas de falta de efectividad que hoy aquejan al control fiscal y mucho menos permite corregir los altos niveles de corrupción administrativa existentes en el país y que lo sitúan en el puesto 96 de la percepción de Transparencia Internacional, entre 186 países, en el cual el primer lugar en transparencia lo ocupa Nueva Zelanda y el último Somalia.
“Considero que se debe crear formalmente un Sistema Nacional de Control Fiscal efectivo, con atribuciones para proponer, coordinar y armonizar políticas públicas cohesionadoras en las materias de su competencia”, enfatizó Rodríguez.
Rodríguez Becerra dio cuenta de algunas cifras reportadas por las contralorías a la Auditoría General según las cuales la mayor parte de los procesos de responsabilidad fiscal adelantados no culminan con imputación de responsabilidad.
De los 26.847 procesos ordinarios que se adelantaron entre el año 2016 y el año 2017 y que involucran posible daño de recursos públicos por $46.6 billones, 2.969 procesos (11,06%) en cuantía de $3,3 billones han culminado con imputación de responsabilidad; 3.901 procesos (14,5%) por valor de $5.8 billones se han fallado sin responsabilidad o han sido archivados; 753 procesos (2.8%) fueron archivados por pago en cuantía de $404.241,5 millones; 18.890 procesos (70,4%) se encuentran aún en trámite por $36,85 billones y lo que es más grave, en 334 procesos (1.24%) por valor de $216.673,8 millones se ha presentado el fenómeno de la caducidad o la prescripción de la acción fiscal.
