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Uno de los sectores que recibió reconocimientos por los expertos en la administración de Gustavo Petro fue el de tierras. Sin desconocer el debate de la politización de la Agencia Nacional de Tierras y su papel en la última campaña política, el Gobierno quiso adelantar los compromisos del acuerdo de paz de 2016 frente a la Reforma Rural Integral. Para eso acudió a la compra y la titulación de tierras a empresarios y tenientes en todo el país.
También hubo una compra masiva de predios a la Sociedad de Activos Especiales, la institución que se encarga de la administración de bienes que son decomisados a los narcotraficantes, los mismos que controlan las 264.000 hectáreas de cultivos ilícitos y que en Colombia abundan en números impresionantes.
Sin embargo, un informe conocido en detalle por La FM demuestra que la compra de bienes a la SAE por un billón de pesos tiene problemas jurídicos que impidieron al cierre de 2025 que esos predios pasaran a ser de la nación. No regresarán a los narcos pero tampoco está claro que se pueda concluir su traspaso para que sean entregados efectivamente a víctimas y campesinos.
El informe de auditoría financiera de la Contraloría (por qué es importante que el informe tenga 178 páginas) estableció que la Agencia, dirigida por Felipe Harman,pagó casi un billón de pesos por 537 predios comprados a la Sociedad sin quela propiedad de esos bienes quedara consolidada a nombre de la Nación. De ese total, solo tres predios completaron el proceso de registro.
La compra se realizó mediante dos contratos interadministrativos entre la ANT y la SAE, por $ 500.000 millones de pesos y $ 479.000 millones. Según la Contraloría, el Estado ejecutó prácticamente la totalidad de esos recursos sin que se cumpliera el proceso de escrituración y registro de los inmuebles.
El hallazgo, ya remitido a la oficina central de la ANT, señala que los contratos incluían inicialmente cláusulas que condicionaban los pagos al cumplimiento de hitos registrales, pero que esas condiciones fueron modificadas durante la ejecución. El informe, conocido por La FM, es explícito: "Se evidenció que, pese a existir inicialmente cláusulas contractuales que condicionaban los pagos al cumplimiento de hitos registrales y de transferencia jurídica, estas fueron flexibilizadas durante la ejecución contractual, permitiendo la ejecución total de los recursos antes de culminar el proceso de tradición y formalización registral de los inmuebles."
Para la Contraloría, esa flexibilización dejó a la ANT girando el 100% de los recursos sin contar con la titularidad jurídica de los predios. El informe recuerda que, conforme al Código Civil colombiano, el contrato de compraventa sólo constituye el título, mientras que la propiedad se transfiere con la inscripción en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos. Mientras eso no ocurra, los predios quedan expuestos a embargos, medidas cautelares y reclamaciones de terceros.
El informe advierte además sobre el efecto de este vacío en la política de tierras del Gobierno: "Se evidenció que la ausencia de inscripción registral limita la posibilidad de disposición y adjudicación formal de los predios en el marco de la política de Reforma Rural Integral y del cumplimiento de las metas establecidas en el Plan Nacional de Desarrollo."
La ejecución presupuestal, otro de los cuestionamientos
Además de revisar el convenio con la SAE, la Contraloría evaluó la ejecución financiera de la Agencia Nacional de Tierras durante la vigencia 2025. El informe concluye que el presupuesto administrado por la entidad ascendió a $1,68 billones, de los cuales se constituyeron obligaciones por cerca de $791.466 millones, mientras una parte importante de los recursos quedó representada en reservas presupuestales.
La auditoría establece que esas reservas alcanzaron $809.863 millones y determinó que alrededor de $96.907 millones fueron constituidas sin cumplir los requisitos exigidos para ese mecanismo presupuestal. Ese fue uno de los argumentos que llevaron al organismo de control a emitir una opinión “no razonable” sobre la ejecución del presupuesto y a decidir no concluir la cuenta fiscal de la ANT para la vigencia 2025.
El documento también concluye que el plan de mejoramiento implementado por la entidad fue inefectivo, ya que varias observaciones formuladas en la auditoría correspondiente a 2024 volvieron a encontrarse durante la revisión de la vigencia siguiente. Entre ellas aparecen hallazgos relacionados con la constitución de reservas presupuestales, la gestión contractual y el manejo financiero de la entidad.
La auditoría agrega que durante el proceso de revisión la ANT entregó información incompleta, desorganizada y, en algunos casos, fuera de los plazos establecidos, situación que, según el informe, dificultó el desarrollo de las labores de verificación adelantadas por el equipo auditor.
La respuesta de la ANT
La Agencia Nacional de Tierras rechazó haber actuado por fuera de la normatividad. Según la entidad, los contratos con la SAE seguían en ejecución al cierre de 2025 y los procesos de escrituración y registro aún no habían culminado: "Es importante señalar que los predios que se encuentran en trámite de adquisición con la SAE se tramitan en el marco del convenio suscrito entre ANT y SAE (...) para la vigencia de 2025 aún nos encontrábamos en consolidación de los insumos que servirán para en el primer semestre de 2026 finalizar los procesos de adquisición predial con la SAE."
La ANT, entonces bajo la dirección de Felipe Harman, atribuyó las demoras a la naturaleza de los predios adquiridos a la SAE, provenientes de procesos de extinción de dominio y despojo, lo que, según la entidad, implicó resolver problemas de seguridad, ocupaciones y levantamientos topográficos antes de completar el registro. La Agencia defendió también el uso de la figura de "enajenación temprana", contemplada en la ley para adquirir bienes en proceso de extinción de dominio antes de una decisión judicial
LA FM consultó al director saliente de la ANT
LA FM buscó a Felipe Harman, director saliente de la Agencia Nacional de Tierras, para conocer su versión sobre el hallazgo de la Contraloría. El funcionario reconoció que, de los 537 predios, solo tres cuentan con la transferencia formalizada, pero defendió el esquema bajo el cual se estructuró la compra a la SAE:
"Nosotros, en nuestro plan de mejoramiento, le hemos dicho a la Contraloría que sí, que tenemos que transferirlos, porque además es una auditoría vieja. Sin embargo, el hecho mismo de que hayamos pagado es la prenda de garantía de que la tierra no va a volver a la SAE, por más que existan decisiones judiciales. En un escenario en el que haya un revés jurídico sobre alguna de las fincas comprometidas, es el billón de pesos el que respalda la operación, y es la SAE la que tiene que devolver esa plata al posible propietario. En ese sentido, nosotros estamos tranquilos con la operación: es una operación entre entidades públicas, no hay recursos públicos en riesgo."
Harman rechazó los tres cuestionamientos que, según dijo, se han hecho desde algunos sectores de opinión y medios de comunicación: "La primera afirmación es que la plata está en riesgo. Falso, es una transferencia entre entidades públicas. La segunda, que por eso las fincas están en riesgo. También falso, porque para eso está el billón de pesos, para respaldar que cualquier decisión judicial se le pueda pagar en dinero al reclamante. Y la tercera, la más importante, que eso pone en vilo la seguridad de los negocios jurídicos. Tampoco es cierto, porque nosotros no le compramos predio a predio a la SAE, compramos un paquete de predios en el marco de un banco inmobiliario. En lugar de pagar predio a predio, armamos algo parecido a una póliza de aseguramiento: que la SAE tenga la plata para que, si en algún momento hay una decisión judicial de devolver un bien, devuelva el equivalente en dinero."
El exdirector sostuvo que ese mecanismo es el que le da estabilidad a la operación frente a los beneficiarios de la reforma agraria y "por más que exista una decisión judicial que ordene devolverle el bien a un reclamante, no le devuelven la finca, le devuelven la plata equivalente a lo que pagó la Agencia Nacional de Tierras. Esa es la certeza de que los negocios jurídicos son estables y sólidos, y de que la reforma agraria en esos bienes está en buenas manos."
La ANT pidió prorrogar el convenio con la SAE
Mientras la Contraloría hace esas observaciones, La FM también conoció el informe con el que la Agencia Nacional de Tierras sustentó la solicitud para ampliar hasta el 31 de diciembre de 2026 el convenio firmado con la Sociedad de Activos Especiales.
Ese documento señala que los contratos contemplaban inicialmente 528 predios, pero después de 133 desistimientos el universo real quedó reducido a 395 inmuebles. De ellos, 287 ya terminaron o están próximos a culminar la gestión catastral, mientras 108 predios permanecen pendientes de estudios técnicos y elaboración de planos, trámites que dependen de la ANT antes de continuar hacia las etapas de avalúo y escrituración.
El informe de avance también muestra que el mayor retraso se presenta en la fase final del proceso. De los 192 predios que ya avanzan hacia la escrituración, solo tres habían culminado completamente la transferencia al Fondo de Tierras. Los demás permanecen en distintas etapas relacionadas con avalúos, otrosíes, elaboración de minutas, pago de impuestos o trámites de registro.
La ANT atribuye la necesidad de ampliar el convenio a factores como la actualización de avalúos, el saneamiento físico y catastral, las dificultades para completar la escrituración y algunos desistimientos derivados de situaciones que afectaron la viabilidad de determinados predios durante la ejecución del convenio.
Un faltante cercano a 200 mil millones
El informe conocido por La FM también advierte que, tras la salida de varios inmuebles del proceso, el valor de los predios que continúan vinculados al convenio asciende actualmente a $800.000 millones, una cifra inferior al billón de pesos comprometido inicialmente entre la ANT y la SAE.
La diferencia, cercana a $199.828 millones, corresponde al valor de los predios que fueron retirados del convenio tras los desistimientos. El documento indica que ese monto deberá ser cubierto con la incorporación de nuevos inmuebles para mantener el valor total previsto en los contratos.
Los dos documentos conocidos por La FM muestran que la Agencia Nacional de Tierras enfrenta simultáneamente dos frentes. Por un lado, busca ampliar el plazo del convenio con la SAE para concluir la compra y transferencia de predios; por el otro, deberá responder a los cuestionamientos formulados por la Contraloría sobre la ejecución de recursos públicos, la administración del convenio y el manejo presupuestal durante la vigencia 2025.
La Contraloría no aceptó el argumento de la ANT
La institución consideró que la respuesta de la ANT no desvirtúa el hallazgo central. En su réplica aseguró que "La entidad auditada no controvierte el hecho central observado por la CGR (...) acepta expresamente que los trámites de escrituración y registro aún se encontraban pendientes. En consecuencia, la entidad confirma el supuesto fáctico principal de la observación: la ejecución total de recursos públicos sin consolidación de la tradición y sin transferencia efectiva del derecho real de dominio a favor de la Nación."
Para la Contraloría, que la ley permita la enajenación temprana no exime al Estado de la obligación de proteger el patrimonio público. La auditoría señala que la propia respuesta de la ANT confirma la existencia de ocupaciones ilegales, problemas de seguridad, inconsistencias catastrales, diferencias en áreas y linderos, saneamientos pendientes y procesos judiciales sin resolver sobre los predios comprados.
El hallazgo queda entre los más relevantes de la auditoría 2025 a la ANT, tanto por el monto de los recursos comprometidos como por la incertidumbre jurídica que rodea a los bienes destinados a la reforma agraria del Gobierno de Gustavo Petro.
Claves de este tema, en cuatro preguntas:
¿Por qué la Contraloría cuestionó la gestión de la ANT en la compra de predios?
La Contraloría concluyó que la ANT pagó cerca de $979.000 millones por 537 predios adquiridos a la SAE antes de que todos completaran su proceso de tradición y registro. Además, calificó como “no razonable” la ejecución presupuestal de la entidad, no feneció su cuenta fiscal de 2025 e identificó 16 hallazgos administrativos, ocho de ellos con presunta incidencia disciplinaria.
¿Qué halló la Contraloría sobre el convenio entre la ANT y la SAE?
La Contraloría encontró que los pagos por la compra de predios se realizaron sin que todos los inmuebles hubieran culminado el proceso registral. Según la auditoría, esa situación mantiene algunos bienes expuestos a posibles reclamaciones jurídicas y limita su incorporación al Fondo de Tierras mientras finalizan los trámites pendientes.
¿Por qué la ANT pidió prorrogar el convenio con la SAE?
La ANT solicitó ampliar hasta el 31 de diciembre de 2026 el convenio con la SAE porque aún permanecen pendientes trámites de avalúos, saneamiento físico y catastral, escrituración, registro y pago de impuestos. El informe de avance señala que, de los 395 predios que siguen en el convenio, 108 todavía no superan la etapa catastral.
¿Cuál es el avance del convenio entre la ANT y la SAE para la compra de predios?
El convenio entre la ANT y la SAE inició con 528 predios, pero tras 133 desistimientos el universo quedó en 395. De ellos, 287 avanzan hacia la escrituración, mientras que solo cuatro habían completado la transferencia al Fondo de Tierras, de acuerdo con el informe de seguimiento conocido por La FM.
