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La Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI), manifestó su preocupación por las preguntas que la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) estaría realizando a algunas empresas del país, al considerar que podrían exceder las facultades legales de la entidad y vulnerar derechos fundamentales como la libre empresa y la confidencialidad de las estrategias comerciales.
Según la denuncia, la SIC está pidiendo a los empresarios colombianos información relacionada con la estructura de costos, los márgenes de ganancia y las políticas comerciales, datos que hacen parte del núcleo estratégico de las compañías.
Para la agremiación, este tipo de requerimientos podría afectar la competitividad empresarial y generar incertidumbre jurídica en el sector productivo.
Igualmente recordó que, si bien la SIC tiene la facultad de requerir información a personas naturales y jurídicas en el ejercicio de sus funciones, estas solicitudes deben realizarse dentro de los límites establecidos por la ley y de manera proporcional.
"Los servidores públicos sólo pueden ejercer las funciones que les han sido expresamente atribuidas por el ordenamiento jurídico", reiteró.
Recordó que la protección del consumidor colombiano es un objetivo legítimo y necesario, pero advirtió que este debe alcanzarse mediante un equilibrio que respete los derechos constitucionales de las empresas y evite posibles abusos de poder por parte de la autoridad.
La ANDI no descartó que la Corte Constitucional pueda examinar el alcance de las facultades de la SIC, frente a este tipo de requerimientos de información, ante las posibles consecuencias que podrían derivarse, como la vulneración del derecho a la libre empresa, la afectación a la seguridad jurídica y el impacto negativo en la competitividad del país.
