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Luego de que la Procuraduría General de la Nación solicitara anular los decretos que permiten el fracking en Colombia al considerar que no hay una certeza científica de que esta práctica no cause daños ambientales, la Asociación Colombiana del Petróleo (ACP) señaló que en la actual coyuntura apoyar el desarrollo de dichos proyectos traería más inversión y ayudaría a reactivar la economía.
“A diferencia de lo señalado por la Procuraduría, no existen evidencias científicas sobre el daño ambiental irreversible al implementar esta técnica. El llamado es a proceder con los Proyectos Piloto Integrales de Investigación (PPII) para obtener la información necesaria para la toma de decisiones”, sostuvo el gremio.
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Para los petroleros: “ lo único que está en estudio por parte del Consejo de Estado, es la legalidad de los actos administrativos demandados, a través de este concepto se está haciendo un análisis sobre al alcance de los mismos. Es decir, las razones presentadas por el ente de control no deberían ser los argumentos que deben exponerse en el proceso en curso ante el Consejo de Estado”.
Igualmente el gremio sostuvo que: “en los argumentos planteados se cita de manera equivocada el principio de precaución y el principio de desarrollo sostenible, al confundir impactos con riesgos y desconocer que lo relevante en este tipo de proyectos es el alcance del principio de prevención, que permite el manejo de los impactos a través de lo dispuesto en las licencias ambientales”.
Cabe mencionar que el procurador delegado para Asuntos Ambientales y Agrarios Diego Trujillo dijo en RCN Radio que: “lo que buscamos es exigir una certeza científica de que el fracking y todos sus procedimientos geológicos y mineros garanticen que no se va a causar un daño al ambiente y especialmente al principal activo que tiene el país que son los recursos hídricos que son los subterráneos, de los cuales este Gobierno tiene muy poca información, lo que deja mucho que desear en el momento de expedir este tipo de licencias y permisos".
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Recordó que la Constitución del 91 es clara en que: "por encima de la seguridad energética está la seguridad de la protección de un ambiente sano, que conlleva a poner en peligro a los ecosistemas de los lugares donde se está llevando a cabo este tipo de prácticas, y esta pandemia si que nos ha enseñado la prioridad que tenemos".
