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A la Corte Constitucional llegó la discusión sobre los derechos de Jorge Isaacs Perlaza, exfutbolista Millonarios Fútbol Club, quien desde hace más de diez años adelanta un proceso jurídico contra el equipo reclamando su derecho a la estabilidad laboral.
El proceso quedó en manos del presidente de ese tribunal, magistrado José Fernando Reyes Cuartas, quien consideró que hay una oportunidad para establecer jurisprudencia sobre los derechos de los deportistas como trabajadores.
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"Permitirá a la Corte pronunciarse de un asunto novedoso relacionado con las particularidades de la garantía de estabilidad laboral reforzada para deportistas profesionales", explicó el magistrado.
En la instancia previa, la Corte Suprema de Justicia ordenó a Millonarios F.C. que pague más de 1.000.000 millones de pesos al jugador Jorge Perlaza, quien fue despedido sin justa causa en 2014.
El caso viene en disputa desde hace casi diez años, cuando la institución desvinculó al jugador alegando supuesto bajo rendimiento. Sin embargo, para la época, Perlaza se recuperaba de una lesión sufrida en abril del 2013, cuando se fracturó el peroné durante un partido.
Pese a que un año después, la EPS y la ARL consideraron que el jugador podía volver a la actividad futbolística, el deportista mantuvo su proceso de recuperación, pero el club de fútbol finalizó el contrato por lo que Perlaza presentó una demanda en 2015 contra Millonarios.
La corte consideró los argumentos del demandante, en donde mencionaba que al momento de ser despedido, se encontraba en condición de discapacidad, pues el primer proceso no tuvo los resultados esperados, por lo que la causa de la desvinculación fue discriminatoria.
Los magistrados de ese tribunal explicaron que en este caso, Millonarios debió sustentar una causa justa para el despido, pero que desde el inicio del litigio la institución reconoció que se trató de un despido sin justa causa.
En marzo del 2023, la Sala de Casación Laboral de la corte ordenó a Millonarios F.C. reintegrar al jugar al equipo y lo condenó a pagar el salario de $25 millones desde diciembre del 2017, lo que representaría más de 1.500 millones de pesos que deberá desembolsar la institución.
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El representante legal del equipo de fútbol apeló la determinación del tribunal supremo, por lo que será la Corte Constitucional la corporación encargada de cerrar el caso.
