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La Fiscalía peruana solicitó 26 años de prisión para el expresidente de la Federación local de fútbol, Edwin Oviedo, a quien acusa de homicidio calificado por su presunta participación en el asesinato de un sindicalista de una empresa ligada a él.
"El fiscal Juan Manuel Carrasco Millones, de la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada contra la Criminalidad Organizada de Chiclayo, solicitó 26 años de cárcel para Edwin Oviedo Picchotito, y otros 5 implicados, por el asesinato de Manuel Rimarachín Cascos", anunció la Fiscalía en su cuenta de la red social Twitter.
Oviedo es acusado por la Fiscalía de ser el "cabecilla de la red criminal 'Los Wachiturros de Tumán' y de ser el autor mediato" del homicidio del dirigente sindical de la empresa azucarera Tumán, controlada por su familia.
Sicarios asesinaron a tiros al sindicalista Rimarachín el 11 de octubre de 2012. Según la Fiscalía, Oviedo ordenó el homicidio en represalia por las protestas que el exdirigente azucarero organizaba en su contra cuando administraba la empresa.
Los hechos ocurrieron en la ciudad de Chiclayo donde se ubica la empresa azucarera Tumán, una de las más grandes del país, que controlaba Oviedo.
El fiscal Carrasco también investiga a Oviedo por el asesinato de Percy Farro, otro sindicalista azucarero muerto a balazos en mayo de 2015.
Por estos crímenes la Policía detuvo en 2015 a 18 vigilantes de la azucarera y los acusó de ser sicarios que operaban por órdenes de Oviedo, pero el expresidente de la Federación Peruana de Fútbol (FPF) ha insistido en su inocencia.
"Soy una persona de fe, creyente en Dios y no soy responsable de estos hechos. Me considero inocente", declaró Oviedo sobre este caso.
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La gestión de Oviedo en la FPF se inició en enero de 2015 y coincidió con el renacimiento de la selección peruana que, bajo la conducción de Gareca, clasificó al Mundial de Rusia-2018 después de 36 años de ausencia a un torneo del orbe.
Oviedo, de 48 años de edad, cumple 24 meses de prisión preventiva en la cárcel de Chiclayo desde diciembre pasado. Ello lo obligó a dejar su cargo en la FPF.
Los líos judiciales del dirigente retrasaron la renovación del contrato de seleccionador inca de Gareca, quien finalmente firmó por tres años en agosto de 2018.
Oviedo enfrenta además una investigación fiscal por el delito de tráfico de influencias cuando ejercía la presidencia de la FPF. Dicho caso estalló en julio de 2018 cuando se difundieron audios de conversaciones telefónicas de jueces que sacaron a la luz los vínculos de Oviedo con el destituido juez de la Corte Suprema César Hinostroza, ahora detenido en España con miras a ser extraditado a Perú.
La fiscalía sospecha que Oviedo le pagaba honorarios a Hinostroza y le obsequió entradas para él y su esposa para el Mundial de Rusia, a cambio de ayudarlo en las causas judiciales que enfrentaba.
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