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La representante del Santos brasileño, Fátima Cristina Bonassa, afirmó ante un juez español que se han sentido engañado por Neymar y su padre, tras conocer los detalles del fichaje del jugador brasileño por el Barcelona, por el que club brasileño cobró 17,1 millones de euros.
Bonassa afirmó ante el juez de la Audiencia Nacional (principal instancia penal española), José de la Mata, que el delantero brasileño es una persona capaz, mayor de edad y que sabía lo que firmaba, informaron fuentes judiciales.
Bonassa declaró durante cinco horas en el marco de la investigación de De la Mata, sobre las supuestas irregularidades en el traspaso de Neymar al Barça, tras la demanda interpuesta por el fondo de inversión brasileño DIS, que poseía un 40% de los derechos deportivos del jugador.
La representante del Santos recordó que en Brasil, por ley, los jugadores eligen sus traspasos y Neymar insistió en que quería ir al Barcelona.
Por ello, el Santos aceptó los 17,1 millones de euros, añadió Bonassa, quien añadió que tras salir a la luz lo que verdaderamente pagó el club azulgrana por el delantero, los directivos de la entidad brasileña entendieron la insistencia del jugador por el club azulgrana.
En un primer momento, el Barcelona cifró oficialmente el traspaso de Neymar en 57,1 millones de euros (40 millones para la familia de Neymar y 17,1 para el Santos brasileño), pero la justicia española calcula que fue de al menos 83,3 millones de euros.
El Santos figura como persona jurídica investigada en la demanda interpuesta por DIS, que recibió 6,8 millones de euros de los 17,1 pagados al club brasileño, y se siente doblemente perjudicado en la operación.
Primero, por un acuerdo entre Neymar y el Barça por 40 millones de euros para asegurarse el fichaje del jugador, que según DIS impidió a otros clubes pujar por el delantero, vulnerando el libre mercado y pudiendo constituir un "delito de corrupción entre particulares".
Por otro lado, considera que algunos contratos anexos, sirvieron para ocultar el monto real pagado al Santos y, por lo tanto, la parte que le correspondía, lo que supondría un delito de "estafa por simulación contractual".
