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La decisión había sido adoptada por el Consejo de Estado tras anular un laudo arbitral que había ordenado el pago de dicha suma a favor los operadores de televisión, por cuenta de supuestos incumplimientos de contratos de transmisión de partidos de fútbol profesional.
Dentro de los argumentos que tuvo presente el alto tribunal, advirtió que durante el laudo arbitral “no se solicitó la interpretación prejudicial de normas comunitarias ante el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina”.
Tras la sentencia que dejó sin efectos la condena arbitral el pasado diciembre de 2015, las partes presentaron solicitudes de aclaración y adición y el Consejo de Estado, tras estudiar dicho recurso, le ordenó a estas empresas devolver la millonaria suma a la Dimayor, dinero que esta última les había pagado en enero del 2016.
