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En Chinácota (Norte de Santander), sobre las 11:00 a.m. del jueves, varios miembros de una familia desalojaron a una mujer llamada Yelin y a su hija, por no pagar lo correspondiente a dos meses de arriendo. El escandaloso hecho fue producto de debate en redes sociales sobre la agresividad del caso, las amenazas y la humillación pública que sufrieron ambas mujeres.
Según confirmó el alcalde de Chinácota, José Luis Duarte, a La FM en este momento la mujer ya se encuentra en el domicilio gracias a la firma de un acta de compromiso entre ambas partes. En este mismo sentido, el inspector de policía Carlos Toro explicó que las autoridades una vez conocieron el caso activaron medidas protección por el ilegítimo desalojo y la presencia de la menor de edad.
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“Los trámites de entrega de inmuebles o desalojos se pueden realizar actualmente, mediante amparos policivos a la posesión o tenencia, pero no de manera directa ni violenta”, dijo a La FM el abogado José Hernández.
Además, explicó que cuando hay menores ocupando el inmueble, se debe convocar a la diligencia al ICBF para que vigile y proteja al menor. En este caso se puede apreciar una violación al artículo 77 del Código Nacional de Policía.
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La anterior opinión no parece ir en vía de lo que pedían algunos internautas que creen que el Gobierno Nacional olvidó a quienes arriendan en Colombia, pues aunque impiden los desalojos, no ofrecen ninguna solución real a las personas que viven solamente de esos ingresos. En cualquier caso la opinión sobre el tema está dividida.
