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El documento que entregó el partido Farc a la Jurisdicción Especial de Paz, a través del cual entrega su versión sobre el secuestro, continúa generando rechazo en varios sectores del país.
En ese informe, las Farc intentan suavizar esta práctica advirtiendo que los retenidos eran encadenados para protegerlos de los peligros de la selva, además de señalar que en los campos de concentración donde estaban privados de su libertad había espacios para hacer yoga.
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Aunque la excandidata y exsecuestrada Ingrid Betancourt ha mostrado su indignación por lo dicho por la exguerrilla, otras víctimas del secuestro también dijeron sentirse revictimizadas.
Clara Rojas, quien duró seis años en poder de las Farc, también se pronunció diciendo que este tipo de declaraciones lo único que hacen es profundizar su dolor.
“Me parece que estas declaraciones que ellos han hecho como que nos daban sancocho y ensalada de comida, banalizan realmente la gravedad del delito que cometieron y me parece que no están siendo testigos fieles de lo que realmente ocurrió”, manifestó.
“Para mí es muy doloroso cada vez que me llaman, sobre todo los familiares y la gente más cercana cuando oye a las personas de las Farc queda desconcertada”, indicó.
Rojas pidió a los magistrados de la Jurisdicción Especial de Paz hacer un esfuerzo adicional y exigirle a las Farc la verdad sobre los hechos. “No solo es pedir perdón en un párrafo, ellos deben rechazar el secuestro como práctica, eso no tiene ninguna justificación y no puede volver a pasar en el futuro”, afirmó.
Por su parte, el representante Jaime Felipe Lozada, hijo de Gloria Polanco, que junto con su madre también vivió el secuestro de la guerrilla, aseguró que es una afrenta contra las víctimas el informe entregado por las Farc.
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Para Lozada, la JEP debe ser reformada o eliminada, porque está demostrando que no es un tribunal que brinde verdad y reparación a los afectados por el conflicto.
“Claro que estamos siendo revictimizados, por supuesto que vamos a hacer lo esté a nuestro alcance para que la Justicia Especial de Paz, que de paz no tiene nada, sea modificada o en su momento derogada y eliminada”, manifestó.
Según el congresista conservador, “de nada está sirviendo dicho tribunal que gasta más o menos 100.000 millones de pesos al año en burocracia, para seguir revictimizando a las víctimas y para seguir ahondando las heridas del conflicto”.
El expresidente Álvaro Uribe volvió a poner sobre la mesa la posibilidad de acabar con la Jurisdicción Especial para la Paz y la senadora Paloma Valencia anunció que volverá a radicar un proyecto para tal fin.
