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Mucho antes de que sea aprobada en el mundo una vacuna efectiva para combatir la COVID-19, algunos congresistas están anunciando desde ya sendos proyectos de ley y debates de control político al Gobierno, para que esta pueda ser distribuida de manera equitativa en todos los rincones del territorio nacional, sin discriminación.
Este martes fue presentado un proyecto de ley ante la Secretaría de la Cámara de Representantes, y de autoría del congresista Ricardo Ferro (Centro Democrático), que propone la estrategia denominada 'vacuna por impuestos'.
La idea de esta iniciativa es que se le permitirá al sector privado adquirir vacunas contra la COVID-19, previa aprobación del Ministerio de Salud, para que de esta manera se pueda adquirir el mayor número vacunas posibles en el país.
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"Sumar esfuerzos entre el sector público y el sector privado será determinante para lograr que el país regrese a la normalidad", indica el representante a la Cámara Ferro.
El proyecto consagra que una vez sean adquiridas las vacunas por el Estado o el sector privado, "estas tendrán que ponerse a disposición del sistema de salud para proceder a su aplicación, respetando los principios de universalidad, igualdad, prevalencia de la salud, dignidad humana y gasto público social", señala el congresista.
De otra parte, la representante, María José Pizarro, de los sectores de oposición, anunció que en los próximos días presentará un proyecto de ley que tiene como objetivo que, una vez salga la vacuna y sea aprobada por las autoridades, esta sea distribuida de manera equitativa y sin discriminación a todas las clases sociales del país.
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Asimismo, el representante a la Cámara Carlos Ardila (Partido Liberal) radicó ante la Mesa Directiva de la corporación una solicitud de debate de control político al Gobierno para que de a conocer las estrategias que se tienen planteadas para que, cuando una vez se tenga la vacuna debidamente certificada, sea distribuida en todo el país.
