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Entre estas ‘supuestas víctimas’ se encuentra un campesino, líder de una Asociación quién, según las investigaciones de la URT, habría convencido a varias personas para que declararan, ante instancias legales, que habían salido desplazados a sangre y fuego de Bellacruz, como consecuencia de la incursión paramilitar; "pues con eso lograrían rápida atención del Estado y el pago de dineros por concepto de indemnización".
"En 2010, convocó a los pobladores de varios predios y les propuso iniciar acciones ante el Estado, para obtener ampliación legal de sus tierras. Bajo esta expectativa, muchos de los parceleros le entregaron poderes, autorizándolo para adelantar distintas gestiones; y dineros, para hacer parte de la asociación que él conformó para este fin".
Con la recepción de las solicitudes, que comenzaron a ser estudiadas en la URT, desde agosto de 2016, la Entidad encontró que la información sobre ese hecho representativo se encontraba dispersa y no había sido cotejada ni valorada probatoriamente por las diferentes instituciones conocedoras del mismo. "Esto no permitía conocer con exactitud qué familias, realmente, habitaban esas tierras, en 1996, y cuáles tenían la calidad de víctimas".
Según la investigación de la URT, los reclamantes nunca explotaron terrenos de la hacienda Bellacruz y jamás han salido de la zona; o sí lo han hecho, ha sido por situaciones ajenas al conflicto armado. "El líder que convenció a estas personas no estuvo en su predio, San Antonio, el día del desplazamiento forzado; para ese entonces, ya lo había vendido", se puntualizó.
A continuación, el pronunciamiento de la Unidad de Restitución de Tierras (URT), en cuanto el proceso de Bellacruz:
Mediante una sentencia, la Corte Constitucional le ordenó a la Unidad de Restitución de Tierras que iniciara el trámite de ingreso, al registro de tierras despojadas, de la hacienda Bellacruz, ubicada entre los municipios de La Gloria, Pelaya y Tamalameque. Este fue el resultado de una acción de tutela impulsada por la Asociación liderada por el falso reclamante.
Por todo ello, la Unidad inició entonces una recolección de material probatorio minucioso que permitió establecer la realidad y veracidad de cada una de las solicitudes de ingreso al registro, presentadas sobre la Hacienda Bellacruz.
Fueron muchos los hallazgos importantes, tenidos en cuenta, para que la URT desarrollara la etapa administrativa del proceso, con veracidad. Entre ellos, fue encontrado que:
- Muchos de los reclamantes, que pidieron las tierras ante la URT, no fueron víctimas del desplazamiento forzado en los años 90.
- Varios de estos reclamantes no explotaron esos terrenos; otros, habían vendido de manera voluntaria antes de 1996, año del hecho de violencia, y salieron por razones ajenas al conflicto armado.
- Varios de estos campesinos, presuntamente, habrían engañado a las instituciones del Estado y a la comunidad internacional, haciéndose pasar por víctimas del conflicto armado, para reclamar beneficios.
“La restitución de tierras, además de devolver predios a los campesinos, destapa engaños y denuncia a los inescrupulosos que se quieren quedar con lo que muchos perdieron, a sangre y fuego. Este caso es la prueba de que al Estado no le pesará la mano ante aquellos que quieran engañar a los campesinos, prometiéndoles beneficios sin bases y obligándolos a que, con mentiras, otros se beneficien”, aseguró el director de la URT, Ricardo Sabogal Urrego.
La Unidad de Restitución de Tierras puso en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación, los actos cometidos por aquellos oportunistas que, se aprovecharon de circunstancias coyunturales, para solicitar reparaciones, que sólo se deben a las personas víctimas reales de un conflicto que dejó desolación, abandono y soledad. La Entidad le pidió al Ente Acusador celeridad en la investigación y sanciones para los responsables de estas conductas.
