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Según recordó el organismo, "Metroagua inició el pleito porque consideraba que la ciudad estaba incumpliendo sus deberes como miembro de la junta directiva de la compañía".
En específico, Metroagua se refería a una acción popular promovida por la alcaldía para buscar “la entrega pacífica y pronta de toda la infraestructura del servicio de acueducto y alcantarillado” y “la terminación judicial anticipada del contrato de arrendamiento”.
Para el despacho, el Distrito de Santa Marta "no se valió de su posición como administrador de la compañía para acceder y usar indebidamente información social privilegiada".
Tampoco se demostró que hubiera actuado para proteger intereses económicos contrarios a los de Metroagua, indicó el organismo.
“No parece claro, entonces, que el Distrito de Santa Marta haya promovido una campaña directamente encaminada a perjudicar los intereses de Metroagua S.A. E.S.P", indicó.
Sostuvo que "la calidad de administrador que el Distrito ostentaba al interior de Metroagua S.A. E.S.P., no era razón para que desatendiera sus deberes constitucionales y legales".
Por tanto, señaló el organismo, "no podría exigírsele al Distrito que se abstuviera de escuchar a la comunidad que representa, pues ello sería contrario a la naturaleza de sus funciones”, sostuvo la Superintendencia.
A la fecha, la SuperSociedades ha tramitado más de 1.200 demandas y el tiempo de resolución está en un promedio de 168 días.
